Rechazan veto del Ejecutivo a gratuidad de certificados de antecedentes
Durante la sesión ordinaria de la Cámara Alta, los legisladores rechazaron la objeción total formulada por el poder Ejecutivo al proyecto de Ley n.° 7.098/2023 "Que establece la gratuidad de la expedición del Certificado de Antecedente Policial y Judicial”.
En ese sentido, por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública y el dictamen de aceptar la objeción total formulada por el Poder Ejecutivo, la senadora Lilian Samaniego manifestó que estos documentos son requeridos al momento de buscar acceder a un trabajo, por ello es obligatorio que todos los ciudadanos posean dichos certificados
Por el dictamen del rechazo a la objeción total, el senador Eduardo Nakayama, en representación de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública y la de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, explicó que estos certificados se deberían entregar de manera física y digital a los ciudadanos, evitando las burocracias dentro de las diferentes dependencias estatales y facilitando así los procedimientos. Agregó que esto no representa un gasto importante dentro de la estructura del Estado
El senador Derlis Osorio, proyectista del documento, por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, explicó que con esta propuesta se busca colaborar con los ciudadanos que buscan trabajar y que tienen necesidades dentro de sus hogares; también a los jóvenes que deben gestionar sus títulos universitarios. Expresó que el Estado puede hacerse cargo de estos gastos y por ello aconsejan rechazar la objeción total formulada por el Poder Ejecutivo.
La senadora Zenaida Delgado, por la Comisión de Equidad y Género, explicó que aconsejan aceptar la objeción total formulada por el Poder Ejecutivo, a fin de evitar comprometer al Estado a hacerse cargo de otro gasto público.
De igual manera, las comisiones de Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado y Desarrollo Social aconsejaron rechazar la objeción total formulada por el Poder Ejecutivo, argumentando que el pueblo paraguayo es merecedor de que el Estado colabore con estos documentos, teniendo en cuenta que para el usuario representa un costo importante, no así para la estructura estatal.
Por su parte la senadora Esperanza Martínez, dijo que corresponde que el gobierno y sus entidades busquen el bienestar del pueblo, colaborando con la economía de los que buscan salir adelante, a sabiendas de que los más afectados en esta situación son los estudiantes y los desempleados.
El senador Rafael Filizzola explicó que las instituciones del Estado no pueden depender de estos ingresos para financiar un área como el de la Policía Nacional, que afecta directamente a la seguridad de los ciudadanos.
Tras un extenso debate, los senadores resolvieron rechazar la objeción total formulada por el Poder Ejecutivo. El documento pasa a la Cámara de Diputados.