PolíticaMinisterio Público
Un Tribunal de Apelación confirmó hoy la condena de 8 años de prisión para el exministro de la SEN, Joaquín Roa, por recibir una lujosa embarcación de USD 450.000 y otras coimas para beneficiar con licitaciones públicas direccionadas al empresario Alberto Koube. La condena de a 6 años de cárcel para este último también fue confirmada.
El Tribunal de segunda instancia destacó que la sentencia tuvo por probado los hechos mediante las pruebas producidas en juicio y tras un correcto análisis. De igual manera, se ratificó el comiso de la lujosa embarcación que Roa habría recibido como coima.
La causa surgió como un desprendimiento del megaoperativo A Ultranza Py, en el cual también fue acusado Alberto Koube como una pieza clave en el supuesto esquema de lavado de dinero que lideraban Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico.
"Quedó probado que Roa solicitó a Koube pagos o porcentajes por las adjudicaciones obtenidas, mediante expresiones como: "Ya tenemos pio para el pan dulce" "No salió pio para la sidra" "Diezmo para los perros". Estas comunicaciones evidencian la exigencia de un beneficio económico indebido a cambio del favorecimiento en los procesos de licitaciones», menciona parte del fallo.
La resolución también sostiene que Joaquín Roa incumplió gravemente sus obligaciones como funcionario público dictando resoluciones que favorecían empresas ligadas a Koube sin verificar propuestas ni cumplir con la normativa. Esto permitió que Koube manejara directamente el proceso licitatorio: seleccionaba oferentes, preparaba documentos incompletos y manipulaba la elección de la firma adjudicataria. «Esto constituyó una lesión de deberes y una gestión irregular del dinero público», agregó el Tribunal.
Durante el juicio, se probaron los hechos de cohecho pasivo agravado (coima), soborno agravado, lesión de confianza, administración en provecho propio, lavado de dinero y lavado de activos, en diferentes grados de participación.
Con su conducta, según la sentencia, Roa generó un perjuicio patrimonial cuantificado en G. 805.000.000 al Estado, incrementando indebidamente el pasivo de la SEN y configurando una administración desventajosa. Esto ya que habría cancelado un contrato firmado para adjudicar el suministro de 70.000 chapas de fibrocemento a una nueva oferente vinculada a Koube, a un precio unitario de G. 33.000, superior en G. 11.500 al precio original de G. 21.500 establecido con la anterior contratada Distrimex.
