Proyecto para limitar el decomiso de bienes al narcotráfico enciende alarmas en el sistema de justicia
En la Cámara de Diputados fue presentado un proyecto de ley que propone modificar el régimen vigente de decomiso de bienes vinculados al narcotráfico y otros delitos conexos. La iniciativa plantea que el comiso definitivo solo pueda aplicarse una vez dictada una sentencia condenatoria firme, lo cual representa un giro respecto a la legislación actual, que permite anticipar medidas sobre bienes sospechosos, como incautaciones, congelamientos o afectaciones preventivas.
La normativa vigente —en especial la Ley N° 1340/88 y su modificatoria, la Ley N° 1881/02— habilita al Estado a actuar antes de que un caso llegue a sentencia firme, siempre que existan indicios razonables de que los bienes fueron adquiridos con recursos ilícitos o utilizados para cometer delitos. Esta herramienta ha sido clave para interrumpir el flujo económico de estructuras criminales que operan con alta capacidad logística y financiera.
Posible debilitamiento de las capacidades del Estado
La propuesta legislativa implicaría una limitación sustancial en la respuesta del Estado ante el crimen organizado, en tanto el comiso de bienes constituye uno de los mecanismos más eficaces para impedir que las organizaciones delictivas mantengan su poder económico mientras enfrentan procesos judiciales.
En investigaciones penales complejas, la posibilidad de incautar vehículos, inmuebles, cuentas bancarias u otros activos durante la etapa de instrucción permite evitar que esos bienes sean vendidos, ocultados o utilizados para financiar nuevas actividades ilegales. La reforma, al supeditar esta acción a la sentencia firme, dejaría al Estado sin capacidad de respuesta económica temprana, aun ante evidencias sólidas.
Riesgos institucionales y señales contradictorias
Desde un enfoque de política criminal, el proyecto representa un retroceso frente a los compromisos asumidos por el Paraguay en materia de cooperación internacional contra el narcotráfico, el lavado de activos y la delincuencia organizada. Tratados multilaterales como la Convención de Viena (1988) y la Convención de Palermo (2000) promueven marcos legales que permitan a los Estados incautar bienes ilícitos con mayor agilidad, incluso bajo procedimientos civiles o administrativos.
En contraposición a estas recomendaciones, la iniciativa en estudio podría debilitar la imagen del país ante sus socios regionales e internacionales, al restringir el uso de herramientas jurídicas que otros sistemas fortalecieron en los últimos años.
Desconexión con tendencias regionales
En América Latina, varios países han reformado sus leyes para permitir el comiso anticipado o sin condena penal, a través de figuras como la extinción de dominio. Colombia, Perú, México y recientemente Uruguay adoptaron marcos que buscan atacar el patrimonio del crimen organizado sin depender exclusivamente de un proceso penal ordinario. Estas medidas fueron diseñadas para agilizar la respuesta estatal ante estructuras que operan de manera transnacional y blanquean capitales con métodos sofisticados.
Paraguay, al avanzar en una dirección opuesta, podría quedar rezagado en materia de legislación contra el crimen financiero, lo que generaría desafíos adicionales para la cooperación internacional, la recuperación de activos y la trazabilidad de bienes ilícitos.
Falta de debate público y evaluación técnica
Hasta el momento, no se ha generado un debate técnico ni se ha convocado a audiencias públicas para discutir las implicancias del proyecto. Tampoco se conocen estudios de impacto jurídico ni evaluaciones de riesgo que sustenten la propuesta. La ausencia de un análisis multidisciplinario preocupa, ya que se trata de una reforma que afecta directamente a las capacidades del Estado para actuar frente a economías criminales.
La medida también tendría impacto en casos de corrupción, tráfico de armas, trata de personas y otros delitos en los que el decomiso de bienes constituye un elemento clave para interrumpir circuitos ilegales.
Desafíos
El proyecto que busca condicionar el comiso de bienes a la existencia de una sentencia condenatoria firme plantea serios desafíos para la estrategia estatal contra el crimen organizado. En contextos donde los procesos judiciales pueden prolongarse durante años, limitar las herramientas preventivas podría significar que estructuras mafiosas conserven su poder económico, aún bajo investigación.
Lejos de constituir una garantía de derechos, la reforma puede traducirse en una pérdida de capacidad institucional para recuperar activos ilícitos y para evitar que se siga financiando el delito desde dentro del sistema. La discusión requiere mayor profundidad, transparencia y participación de sectores especializados. Un cambio de este tipo, sin debate técnico ni justificación sólida, plantea interrogantes sobre su verdadero propósito y sobre los actores que podrían beneficiarse de su aprobación.