Principal gremio de abogados teme precedente de títulos falsos en el sistema
El gremio expresó su preocupación por lo que considera un escenario que pone en riesgo el principio de igualdad ante la ley, al sostener que un caso de estas características no puede quedar sin consecuencias en el ámbito profesional, más allá de la situación penal.
En su posicionamiento, los abogados plantean que corresponde a la Corte actuar con celeridad y dentro de sus atribuciones legales para dejar sin efecto la habilitación como abogado de Rivas, atendiendo a las dudas que persisten sobre la autenticidad de su título.
El pedido adquiere mayor peso si se tiene en cuenta el recorrido institucional del legislador, quien no solo ocupa una banca en el Senado, sino que también llegó a integrar el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, un órgano clave para el control de jueces y fiscales, lo que, según el gremio, exige estándares aún más altos de conducta e idoneidad.
Aunque el Colegio de Abogados evita pronunciarse sobre la eventual responsabilidad penal, deja en claro que el sobreseimiento dictado por un Tribunal de Apelación genera serias dudas por la calidad de sus fundamentos, señalando inconsistencias que, a su criterio, impiden considerar la resolución como un fallo sólido desde el punto de vista jurídico.
A esto se suma un elemento que incrementa la preocupación: las denuncias sobre posibles presiones o amenazas dirigidas a fiscales que intervienen en la causa, con el aparente objetivo de impedir que el caso sea revisado por la Corte Suprema.
El gremio rechaza de manera enfática cualquier intento de intimidación contra operadores de justicia y advierte que este tipo de situaciones compromete directamente la independencia del Ministerio Público, un pilar esencial del Estado de derecho.
En ese contexto, se insta a la Corte a analizar en profundidad la resolución que benefició al legislador, evaluando si corresponde su revisión ante las falencias señaladas, en un escenario donde la ciudadanía reclama garantías de imparcialidad y transparencia.
El trasfondo del caso remite a la investigación por la presunta utilización de documentos públicos de contenido falso, proceso que quedó sin efecto luego de que se declarara la prescripción del hecho punible, lo que impidió avanzar hacia un juicio oral.
Sin embargo, lejos de cerrar el debate, la decisión judicial reactivó cuestionamientos sobre posibles privilegios, presiones políticas y debilidades institucionales, colocando nuevamente bajo la lupa tanto al sistema de justicia como a las estructuras de poder que orbitan en torno al caso.