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La representante del Ministerio Público sostuvo que el eje de la acusación no se centró en el título universitario en sí, sino en la declaración de ejercer como abogado y en la obtención de la matrícula profesional, un hecho posterior que, según explicó, aún se encuentra dentro del plazo legal para ser juzgado. De acuerdo con su interpretación, aunque el título data del 2020 y ya no puede ser perseguido penalmente, la matrícula expedida en 2021 sigue vigente como elemento punible y no habría prescripto.
En ese contexto, afirmó que el tipo penal investigado corresponde a la producción de documentos públicos de contenido falso, vinculando la supuesta irregularidad a resoluciones institucionales que avalaron su condición profesional, lo que abre la puerta a una revisión del fallo que dejó sin efecto el juicio oral.
Sin embargo, el caso dio un giro aún más delicado luego de que la fiscala revelara que recibió un mensaje intimidatorio a través de terceros con el objetivo de evitar que avance con la apelación. Aunque evitó brindar detalles por razones de seguridad, dejó constancia de la situación ante el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, quien dispuso medidas de protección.
Según relató, la advertencia incluía la posibilidad de afectar su continuidad en el cargo si decidía insistir con el recurso ante la máxima instancia judicial, lo que elevó la preocupación sobre eventuales presiones en una causa de alto impacto institucional.
Desde el Senado, el legislador Mario Varela calificó como sumamente grave la denuncia de amedrentamiento y consideró imprescindible que se identifique al responsable. Remarcó que el Ministerio Público debe poder actuar sin condicionamientos y que cualquier intento de interferencia representa un golpe directo a la independencia de la Justicia.
El caso también generó reacciones en distintos sectores políticos y jurídicos. Referentes de la oposición cuestionaron la secuencia del proceso y hablaron de un esquema que habría favorecido al senador, mientras que otros dirigentes pusieron en duda la veracidad de las amenazas, señalando inconsistencias en la actuación fiscal.
A su vez, gremios de abogados manifestaron su rechazo al sobreseimiento, advirtiendo que la decisión judicial afecta la credibilidad del sistema legal y exigieron que se agoten todas las instancias para revisar el fallo.
El trasfondo del caso se remonta a la decisión de un tribunal de apelaciones que determinó que el hecho investigado había prescripto, lo que dejó sin efecto la posibilidad de llevar al legislador a juicio oral. No obstante, la estrategia de la Fiscalía apunta ahora a instalar un nuevo debate jurídico sobre el alcance de los hechos investigados y los plazos legales aplicables.
En medio de este escenario, la causa no solo se mantiene abierta en el plano judicial, sino que escala en el terreno político, donde las denuncias de presiones, las acusaciones cruzadas y las dudas sobre la actuación de las instituciones vuelven a poner en discusión la fortaleza del sistema de justicia.
