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La discusión se activó durante una sesión que debió reconducirse de forma extraordinaria ante la falta de cuórum inicial, y tuvo como punto de partida la intervención de la senadora Lilian Samaniego, quien cuestionó el rumbo de las investigaciones vinculadas al presunto uso de un título falso por parte de su correligionario. La legisladora advirtió sobre la intervención del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en un proceso que, a su criterio, corresponde definir a la Corte Suprema, y alertó además sobre las presiones denunciadas por la fiscala Patricia Sánchez.
Desde la oposición, la senadora Celeste Amarilla sostuvo que existe un nuevo elemento que podría reactivar el caso desde el punto de vista penal. Explicó que la denuncia presentada incluye el uso del supuesto título irregular en funciones oficiales, específicamente en su rol dentro del JEM, lo que abre la posibilidad de que el hecho no esté prescripto y permita avanzar judicialmente. En ese contexto, remarcó que el Senado ya cuenta con los votos necesarios para tratar una eventual destitución cuando se convoque el debate.
Las críticas también se extendieron al plano institucional. El senador independiente Ignacio Iramain comparó la trayectoria de figuras históricas del derecho con la situación actual de Rivas, señalando que el caso simboliza una degradación de los estándares de idoneidad en la función pública, donde la apariencia termina imponiéndose sobre la formación real.
A su turno, el senador Eduardo Nakayama advirtió que el problema podría ser más amplio de lo que se cree. Según indicó, existirían indicios de otros títulos presuntamente irregulares emitidos por la misma institución, lo que habría derivado en beneficios económicos indebidos dentro del sector público. En esa línea, anunció pedidos de informes al Ministerio de Educación y Ciencias para identificar a egresados de la universidad vinculada al caso y avanzar en un proceso de depuración.
La recién incorporada senadora Lucía Mendoza reclamó una respuesta urgente del Parlamento, subrayando que permitir este tipo de situaciones implica una falta de respeto hacia quienes acceden a un título universitario mediante esfuerzo legítimo, y advirtió que la inacción convierte a los legisladores en cómplices.
Por su parte, la exministra de Educación Blanca Ovelar planteó que el caso expone fallas estructurales del sistema educativo superior. Señaló que, pese a la expansión del acceso a universidades privadas en los últimos años, el Estado no ha logrado establecer controles efectivos de calidad, lo que permite la proliferación de ofertas académicas de baja rigurosidad que terminan afectando la credibilidad de los títulos.
El debate dejó en evidencia que el caso ya no se limita a la situación individual del senador, sino que abrió una discusión más amplia sobre la legitimidad de los títulos universitarios, el rol de las instituciones de control y el impacto de estas irregularidades en la confianza pública. Mientras tanto, en el Senado crece la presión para que el tema se traduzca en una decisión política concreta que defina la continuidad o no de Rivas en su banca.
