PolíticaPolítica sobre meritocracia
La decisión de ternar a Aldo Cantero y dejar casi sin respaldo a Deny Yoon Pak desató una fuerte indignación en sectores jurídicos y políticos. El caso expone, otra vez, la sospecha de que en la selección de magistrados pesan más los vínculos con el poder que la trayectoria en causas sensibles contra el crimen organizado.
El Consejo de la Magistratura volvió a quedar bajo fuertes cuestionamientos tras la conformación de una terna para juez penal de la Capital, donde el fiscal Aldo Rodrigo Cantero Colmán obtuvo siete votos, mientras que el fiscal Deny Yoon Pak, reconocido por su actuación en el caso A Ultranza y por haber impulsado la condena contra Erico Galeano, quedó fuera con apenas un voto de respaldo.
Una elección que encendió la indignación
La decisión generó una inmediata reacción porque enfrentó dos perfiles absolutamente distintos. Por un lado, Deny Yoon Pak, fiscal vinculado a investigaciones de crimen organizado y a causas de alto impacto, entre ellas el proceso contra Erico Galeano, condenado a 13 años de cárcel por lavado de dinero proveniente del narcotráfico y asociación criminal.
Por el otro lado, Aldo Cantero, fiscal arrastrado por fuertes cuestionamientos públicos tras la divulgación de chats y audios con Pedro Ovelar, abogado de Horacio Cartes, en el marco de la causa abierta contra Mario Abdo Benítez y varios exintegrantes de su gabinete. Según las publicaciones periodísticas, esas conversaciones instalaron la sospecha de que la imputación contra el exmandatario y sus excolaboradores fue coordinada con el entorno del denunciante.
El contraste que golpea al sistema
La conformación de la terna dejó una señal política difícil de disimular: el fiscal que intervino en una de las causas más sensibles contra estructuras vinculadas al crimen organizado quedó prácticamente marginado, mientras que el fiscal asociado a uno de los episodios más polémicos de presunta utilización política del Ministerio Público terminó premiado con una postulación para ocupar un cargo judicial.
El abogado Juan Sosa Bareiro fue uno de los que cuestionó con mayor dureza la decisión. Sostuvo que el Consejo terminó premiando a fiscales cuestionados y castigando a quienes investigan estructuras criminales, y advirtió que este tipo de decisiones envía un mensaje negativo a jueces y fiscales que deben enfrentar causas sensibles.
El antecedente de los chats
El nombre de Cantero quedó marcado por la causa contra Mario Abdo Benítez. Tras la filtración de supuestos mensajes con Pedro Ovelar, defensor de Horacio Cartes, abogados del expresidente Abdo y de sus exfuncionarios pidieron que se investigue penal y administrativamente el caso, además de solicitar la intervención de la unidad fiscal y la incautación de teléfonos y computadoras para preservar evidencias.
La Fiscalía abrió una causa penal contra Cantero y Giovanni Grisetti por los chats vinculados al abogado de Cartes. Ambos habían imputado a Abdo y a exmiembros de su Gobierno por supuesta revelación de secretos, inducción a cometer hecho punible y asociación criminal, tras una denuncia presentada por Horacio Cartes.
La defensa de Cantero
Cantero, por su parte, defendió su inclusión en la terna. Afirmó que tiene méritos académicos, que fue alumno sobresaliente, que cuenta con promedio 5 en la Escuela Judicial y que no registra sanciones. También sostuvo que las causas polémicas en las que intervino fueron revisadas y que, hasta ahora, no derivaron en castigos formales en su contra.
Sin embargo, su defensa no apagó la controversia. La indignación no se centra únicamente en si Cantero cumple requisitos formales, sino en el mensaje institucional que deja su selección frente al descarte de un fiscal con credenciales en investigaciones contra el crimen organizado.
El voto político como moneda de cambio
La polémica se agravó luego de que el senador Édgar López admitiera que apoyó a Cantero en el marco de negociaciones internas del Consejo. Según sus propias declaraciones, en este tipo de procesos se vota muchas veces por alguien aun sin estar de acuerdo, porque se necesitan votos de otros consejeros para impulsar candidatos propios en futuras sesiones.
Esa confesión expuso el trasfondo del sistema: la selección de magistrados no aparece guiada solamente por antecedentes, idoneidad o trayectoria, sino también por acuerdos cruzados, devolución de favores y cálculos políticos dentro del propio Consejo.
La frase más dura contra el Consejo
La exministra de Justicia Cecilia Pérez también expresó su indignación por la decisión. Dijo que estaba "asqueada" y afirmó que le daba "asco" el Consejo de la Magistratura por la forma en que se llegó a la terna. Además, cuestionó una estructura interna de protección y blanqueamiento dentro del Ministerio Público.
Sus declaraciones sintetizan el malestar de sectores que ven en este caso una demostración de cómo el sistema puede terminar desplazando a funcionarios con trayectoria en causas complejas y favoreciendo a operadores más cercanos al poder político.
Una señal peligrosa para la justicia
La exclusión de Deny Yoon Pak y el avance de Aldo Cantero no es un episodio aislado. Es una postal del funcionamiento real de una estructura donde la meritocracia queda bajo sospecha y donde los antecedentes incómodos parecen pesar menos que las conexiones políticas.
El resultado deja una pregunta de fondo: qué incentivo tiene un fiscal para investigar al crimen organizado, tocar intereses políticos o sostener causas difíciles si, al momento de aspirar a un cargo superior, el sistema termina premiando a quienes aparecen asociados a los sectores de poder.
En el papel, el Consejo de la Magistratura debe seleccionar a los mejores perfiles para fortalecer la justicia. En la práctica, esta decisión instaló la percepción contraria: que la carrera judicial puede depender menos de la valentía, la independencia y los resultados, y más de la capacidad de encajar en los acuerdos de quienes reparten cargos.
