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La propuesta busca establecer las reglas para la elección de los dos representantes titulares y dos suplentes de la matrícula de abogados ante el Consejo de la Magistratura, conforme a lo dispuesto por la Constitución Nacional.
En la exposición de motivos, el legislador sostiene que desde la creación del Consejo de la Magistratura se viene dejando fuera del padrón electoral a abogados matriculados que ejercen funciones dentro del Ministerio Público, la Defensa Pública y otras dependencias judiciales, situación que, según afirma, se produjo mediante resoluciones administrativas emitidas por la Corte Suprema de Justicia.
Aguilera cuestiona que dichas restricciones no estén respaldadas por una ley específica y considera que excluir a esos profesionales mediante decisiones administrativas vulnera derechos constitucionales y garantías reconocidas en tratados internacionales.
El proyecto dispone que la Corte Suprema de Justicia convoque a elecciones dentro de los 120 días previos al vencimiento del mandato de los representantes en funciones y establece que el Tribunal Superior de Justicia Electoral será el encargado exclusivo de organizar y administrar el proceso electoral.
La iniciativa también fija reglas para la elaboración del padrón electoral, que deberá confeccionarse dentro de un plazo de 20 días tras la convocatoria e incluir obligatoriamente a abogados que se desempeñen como agentes fiscales, defensores públicos y funcionarios del Ministerio Público, siempre que no participen en representación de otro sector ya integrado al Consejo de la Magistratura.
El texto establece además quiénes quedarán excluidos del padrón, incluyendo magistrados judiciales, funcionarios de la Corte Suprema, funcionarios del TSJE y personas que ejerzan cargos en los poderes Ejecutivo o Legislativo, salvo aquellos dedicados exclusivamente a la docencia.
En relación a las candidaturas, el proyecto exige que los postulantes sean abogados paraguayos mayores de 35 años y acrediten al menos una década de ejercicio profesional, desempeño en magistratura o actividad docente universitaria en el ámbito jurídico.
Asimismo, las listas deberán estar respaldadas por un mínimo de 50 abogados habilitados para votar y presentarse bajo el sistema de listas cerradas, integradas por dos candidatos titulares y dos suplentes.
Otro de los puntos establece que quienes formen parte de los poderes del Estado, del Ministerio Público o de la Defensa Pública no podrán candidatarse, salvo que hayan renunciado a sus cargos al menos un año antes de la inscripción de postulaciones.
Finalmente, la iniciativa plantea derogar varios artículos de la Ley Nº 296/94 y establecer que el nuevo régimen entre en vigencia inmediatamente después de su promulgación y publicación oficial.
