¿Por qué Riera se niega a informar sobre comisarios no ascendidos?
La controversia en torno a los ascensos dentro de la Policía Nacional volvió a escalar y quedó a un paso de una definición clave en el Senado. La Comisión de Asuntos Constitucionales fue convocada para una reunión extraordinaria el próximo lunes, con el objetivo de analizar los pedidos de ascenso remitidos por el Poder Ejecutivo, atravesados por el cuestionado uso de la prueba del polígrafo como filtro determinante para la carrera policial.
El foco del conflicto está puesto en la actitud del ministro del Interior, Enrique Riera, quien remitió al Senado únicamente las constancias de los oficiales que aprobaron el polígrafo, pero se negó a enviar los legajos completos de los comisarios que no superaron la evaluación. Para varios senadores, esa omisión impide un análisis integral y transparente del proceso, y abre dudas sobre la legalidad del mecanismo aplicado.
La definición del dictamen es urgente, ya que debe producirse antes de la última sesión ordinaria del año, prevista para el miércoles 17 de diciembre. En esa sesión se resolverá el destino de 34 ascensos policiales que dependen del acuerdo constitucional del Senado, en la antesala del receso parlamentario que se inicia el 21 de diciembre y se extiende hasta comienzos de marzo.
El pedido de información al Ministerio del Interior fue formulado a fines de noviembre por la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el senador Javier Zacarías Irún. Los legisladores solicitaron tanto las constancias de quienes aprobaron el polígrafo como la nómina y los legajos íntegros de los oficiales que reprobaron la prueba, en el marco del análisis de los mensajes del Ejecutivo que impulsan los ascensos. Sin embargo, la respuesta de Riera se limitó a una parte de la documentación requerida, lo que tensó aún más la relación con el Congreso.
Desde la comisión insisten en que la remisión de toda la información es obligatoria, conforme a la Constitución y a la Ley de Reforma y Modernización de la Policía Nacional, que establece parámetros claros sobre transparencia y control legislativo en los ascensos. Para los críticos del proceso, no se trata solo de una cuestión administrativa, sino de un problema institucional que afecta derechos adquiridos y la carrera profesional de los oficiales.
La polémica se profundizó luego de que el presidente Santiago Peña enviara al Senado la nómina de policías que superaron el polígrafo, prueba adoptada por el Ministerio del Interior como requisito para los ascensos. La decisión generó fuertes cuestionamientos, especialmente porque el decreto reglamentario que formaliza el uso del polígrafo fue publicado después de que las evaluaciones ya se hubieran realizado, un punto que varios senadores consideran una irregularidad grave.
Uno de los casos más resonantes fue el del comisario César Pérez, quien no aprobó la prueba. El senador y comisario retirado Carlos Núñez Agüero pidió que su situación sea reconsiderada, pero tras quedar en minoría frente a la postura de Riera, anunció su salida del movimiento Honor Colorado y conformó un bloque disidente junto con Alfonso Noria y Erico Galeano, marcando una nueva fractura interna en el oficialismo.
Los mensajes remitidos por el Ejecutivo contemplan, por un lado, el ascenso de siete comisarios generales inspectores al grado de comisario general director y, por otro, la promoción de 27 comisarios principales al rango de comisario general inspector. En total, son 34 oficiales cuya situación quedó atada a una decisión política que hoy aparece lejos de estar cerrada.
Dentro de la Comisión de Asuntos Constitucionales el escenario es incierto. El cuerpo está integrado por senadores del cartismo, aliados, disidentes y opositores, lo que configura un equilibrio frágil y un dictamen impredecible. Varios legisladores ya adelantaron que no descartan postergar los ascensos para el próximo año, argumentando que el polígrafo no puede convertirse en un criterio excluyente para definir la carrera de un oficial y que el procedimiento aplicado carece de sustento legal suficiente.
Así, a días del cierre del año legislativo, los ascensos policiales quedaron atrapados en una pulseada política e institucional que expone tensiones internas en el oficialismo, cuestionamientos al manejo del Ministerio del Interior y un debate de fondo sobre los límites del uso de herramientas como el polígrafo en la administración pública. El lunes, la comisión tendrá la palabra, pero el desenlace sigue abierto.