Poder Judicial: Juzgado de Sentencia Unipersonal ya opera con sistema electrónico
Este martes 20 de enero se realizó el acto oficial de implementación del sistema de trámites electrónicos en el Juzgado de Sentencia Unipersonal de la Capital, a cargo de la jueza de Sentencia N.° 1 - Unipersonal, Lourdes Peña.
La puesta en marcha de esta modalidad forma parte de la política institucional de la Corte Suprema de Justicia orientada a consolidar una justicia digital más eficiente, ágil y transparente.
En entrevista con TV Justicia, la magistrada destacó que la incorporación del sistema electrónico representa un logro significativo para el Poder Judicial y explicó que el objetivo central es avanzar hacia la realización de juicios orales sin papel, con expedientes íntegramente digitales, desde la presentación de las acciones privadas hasta la emisión de las resoluciones judiciales.
Peña subrayó entre los principales beneficios de la digitalización el ahorro de tiempo, la reducción del uso de papel y la optimización de los recursos, además de una mejor organización de los procesos.
Indicó que el juzgado a su cargo se especializa en hechos punibles de acción penal privada, lo que facilita la aplicación del sistema electrónico y permite una tramitación más ordenada y eficiente de las causas.
Asimismo, señaló que el expediente judicial electrónico otorgará ventajas tanto a la ciudadanía como al propio sistema de justicia, ya que posibilita notificaciones más rápidas y un mayor control del impulso procesal, evitando que las personas permanezcan procesadas durante largos períodos sin avances en sus causas.
La iniciativa impulsada por la Corte Suprema de Justicia marca un paso importante en la transición del formato papel hacia la consolidación de la justicia digital en el Juzgado de Sentencia Unipersonal de la Capital.
En el fuero penal, este juzgado puede estar integrado por un solo magistrado o por un tribunal de tres jueces, con atribuciones específicas, entre ellas la resolución de juicios por hechos punibles sancionados con pena de multa o privativa de libertad de hasta dos años, la tramitación del procedimiento de reparación del daño y el estudio de recursos de apelación contra sentencias dictadas por jueces de paz.