PGN regresa a Diputados hoy
La convocatoria fue oficializada por el titular de la Cámara Baja, Raúl Latorre, a través de una resolución que fija el debate para las 14:00, con el estudio exclusivo del PGN como único punto en agenda.
El Senado introdujo una serie de ajustes que elevan el monto global del presupuesto a unos G. 149,7 billones, cifra que supera en aproximadamente G. 502 mil millones lo planteado por el Poder Ejecutivo y ratificado inicialmente por Diputados. La Cámara Alta dio prioridad a incrementos en áreas sensibles como salud y educación, mientras aplicó recortes y reasignaciones en otros sectores.
Entre las ampliaciones más relevantes figura un aumento que ronda los G. 100.000 millones para el Ministerio de Salud Pública, lo que permitirá reforzar servicios del Ineram y del Hospital Pediátrico Acosta Ñu. El presupuesto educativo también fue ampliado con unos G. 17.000 millones adicionales orientados al programa Letrinas Cero y al fortalecimiento de supervisiones regionales.
En paralelo, la Justicia Electoral consiguió recuperar cerca de G. 193.000 millones que habían sido recortados en la versión anterior, además de otros G. 10.000 millones para cubrir el alquiler de máquinas de votación con miras a las municipales del 2026. El Ministerio de Obras Públicas quedó entre los sectores perjudicados, con una disminución de alrededor de G. 74.000 millones, cuyos fondos fueron redirigidos al Ministerio de Urbanismo y a la Facultad de Enfermería de la UNA.
Las universidades públicas también fueron beneficiadas, con la UNA recibiendo una ampliación de G. 11.000 millones y las instituciones del interior sumando en conjunto unos G. 30.000 millones. Durante el debate en el Senado, sectores de la oposición insistieron en discutir los gastos reservados de la Presidencia, aunque nuevamente no lograron instalar cambios en ese punto.
El proyecto entra ahora en su tercer trámite constitucional y Diputados deberá decidir si acompaña los ajustes del Senado o si rechaza parcial o totalmente las modificaciones. Si se aprueba sin objeciones, el documento quedará sancionado y pasará al Poder Ejecutivo para su promulgación o eventual veto. En caso contrario, volverá al Senado, que tendrá la última palabra respecto a cuál versión sostener antes de remitirla nuevamente al Ejecutivo.