Una embarcación fue detenida

Persisten bloqueos argentinos en hidrovía para paraguayos

Una nueva detención de una embarcación paraguaya por parte de autoridades argentinas en el río Paraná vuelve a exponer los persistentes obstáculos a la libre navegación, pese a los compromisos asumidos por el gobierno de Javier Milei.
Suba de peaje en hidrovía reaviva tensión.

Las autoridades argentinas volvieron a detener una embarcación paraguaya esta semana en aguas del río Paraná, reavivando el conflicto por la libre navegación en la hidrovía Paraguay-Paraná. El episodio refleja una vez más que, a pesar de los anuncios, acuerdos preliminares y compromisos diplomáticos asumidos por el gobierno argentino de Javier Milei, persisten los obstáculos, demoras y controles abusivos sobre embarcaciones de bandera paraguaya.

Otro episodio, misma película

El incidente más reciente tuvo lugar en el kilómetro 171 del río Paraná Guazú, donde autoridades argentinas detuvieron a una embarcación fluvial paraguaya, en el marco de una disposición que suspendió por 30 días la operativa de transbordo en esa zona. La medida, impuesta por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero de Argentina (ARCA), fue ejecutada sin diálogo previo con las autoridades paraguayas, generando nuevamente un profundo malestar en el sector naviero nacional.

La Cámara de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay (CAFyM) cuestionó con dureza la decisión, considerándola arbitraria y perjudicial para el comercio internacional. También reiteraron que este tipo de intervenciones violentan los principios del Tratado de la hidrovía y las reglas básicas de integración regional.

Compromisos rotos y un reclamo tibio

Este nuevo episodio ocurre a pesar de las promesas hechas meses atrás por el presidente argentino Javier Milei, quien durante sus primeros encuentros bilaterales con el mandatario paraguayo Santiago Peña se había comprometido a revisar y corregir los mecanismos de cobro de peajes y de fiscalización abusiva en la hidrovía.

En aquel entonces, se habló de una "revisión técnica", de "medidas transitorias", e incluso se llegó a un preacuerdo para limitar los controles y detener las retenciones sistemáticas. Sin embargo, los hechos demuestran que nada ha cambiado de fondo.

La postura débil y sumisa del gobierno paraguayo, liderado por Santiago Peña, ha sido duramente criticada por gremios empresariales, analistas y sectores políticos. A pesar de los reiterados incidentes y del impacto económico que generan estas trabas logísticas, Peña ha evitado tomar medidas firmes o elevar el tono diplomático frente a la Casa Rosada.

Peña, ausente del conflicto en la Cumbre del Mercosur

Paradójicamente, el presidente Santiago Peña estuvo esta misma semana en Buenos Aires, participando de la Cumbre de jefes de Estado del Mercosur, donde una vez más se limitó a pronunciar discursos genéricos sobre la necesidad de "un comercio regional más integrado" y el respeto a la "libre circulación".

En ningún momento realizó un reclamo enérgico ni puso sobre la mesa el tema de la detención de embarcaciones paraguayas, que constituye hoy uno de los principales conflictos bilaterales con Argentina. El contraste entre el tono diplomático de Peña y la gravedad del problema fue evidente para los observadores regionales.

Impacto directo para Paraguay

Para Paraguay, país mediterráneo y sin salida al mar, la hidrovía Paraguay-Paraná es la arteria principal de su comercio exterior. Por ella transitan más del 70 % de sus exportaciones e importaciones, incluyendo combustibles, granos, minerales y bienes industriales.

Cada retención o suspensión en esta ruta estratégica representa:

Costos millonarios en demoras y multas.

Riesgo de desabastecimiento energético.

Pérdida de competitividad para productos nacionales.

Aumento de tarifas logísticas, que se trasladan a los consumidores.

El conflicto, que ya lleva más de dos años, ha demostrado ser estructural y no coyuntural. Y lo que más preocupa al sector privado es la falta de respuesta contundente por parte del gobierno paraguayo, que insiste en soluciones diplomáticas sin obtener resultados tangibles.

Un reclamo que se repite y se desvanece

Desde que Argentina impuso en 2023 un peaje de USD 1,47 por tonelada transportada en su tramo del río Paraná, Paraguay y sus aliados regionales han elevado quejas ante organismos internacionales, sin lograr revertir la situación. La Cumbre del Mercosur parecía una oportunidad inmejorable para relanzar la exigencia de respeto a los tratados, pero el reclamo volvió a ser tibio y decorativo.

Gremios fluviales ya plantean la necesidad de actuar con mayor firmeza: recurrir a instancias judiciales internacionales, explorar rutas alternativas a través del río Uruguay, o condicionar acuerdos bilaterales, como el relacionado con la binacional Yacyretá.

Del discurso no pasa

A más de dos años del inicio del conflicto por la hidrovía, la navegación paraguaya sigue siendo rehén de decisiones unilaterales de Argentina. Los discursos integracionistas no se traducen en acciones concretas, y el gobierno paraguayo, hasta ahora, no ha estado a la altura del desafío.

Lo sucedido esta semana en el Paraná Guazú no es un accidente, es la confirmación de que los compromisos no se cumplen y que el silencio diplomático tiene un costo altísimo para la soberanía logística, el comercio exterior y la economía nacional.

Mientras el presidente Peña continúe optando por la prudencia extrema y el diálogo sin presión, la hidrovía seguirá siendo una frontera política disfrazada de canal navegable.