Decreto

Peña ordena despliegue militar en todo el territorio ante expansión del crimen organizado

El presidente de la República, Santiago Peña, firmó un decreto que habilita a las Fuerzas Armadas a intervenir en operaciones de defensa interna en todo el país, extendiendo su campo de acción más allá de las zonas tradicionalmente militarizadas como el Chaco y las áreas de frontera.
Santiago Peña con la alta plana militar. Web.

La disposición alcanza ahora también a los departamentos de la Región Oriental, en respuesta a informes oficiales que alertan sobre la expansión de grupos criminales y organizaciones consideradas terroristas.

La medida se apoya en un informe remitido por el titular del Consejo de Defensa Nacional (Codena), Cíbar Benítez Cáceres, en el que se advierte sobre la presencia de estructuras vinculadas al crimen organizado transnacional, el narcotráfico y otros delitos de alto impacto en distintos puntos del territorio nacional. Según el documento, estas agrupaciones estarían aprovechando la ausencia de operativos conjuntos entre fuerzas militares y policiales en determinadas zonas para consolidar bases logísticas y operativas.

El decreto establece que los denominados "elementos de combate" de las Fuerzas Armadas podrán actuar en tareas de defensa interna, una decisión que marca un giro en la política de seguridad al ampliar formalmente la participación castrense en asuntos que históricamente fueron competencia central de la Policía Nacional. El texto oficial sostiene que la situación actual representa una amenaza directa para la ciudadanía y que exige una respuesta coordinada del Estado.

La disposición también incluye la cobertura de ríos fronterizos, cursos de agua internos y otras áreas consideradas estratégicas para el tránsito de actividades ilícitas. En ese marco, el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) queda autorizado a ejecutar las acciones necesarias para cumplir la orden presidencial.

Con esta determinación, el Ejecutivo consolida un esquema de mayor presencia militar en la seguridad interna, bajo el argumento de enfrentar el avance de organizaciones delictivas que, según inteligencia estatal, han extendido su influencia a diferentes departamentos del país.