PolíticaTras nuevo secuestro
Para el parlamentario, recurrir nuevamente a militares en asuntos internos confirma el fracaso de la estrategia aplicada durante más de una década en los departamentos del norte, donde la presencia castrense fue constante bajo el argumento de combatir al grupo armado. Afirmó que, pese a los reiterados anuncios oficiales sobre la supuesta derrota del EPP, los resultados no respaldan ese discurso.
Filizzola también advirtió que el decreto representa un avance peligroso sobre los límites establecidos en la Constitución, al disponer el despliegue de efectivos militares en distintos puntos del territorio por recomendación del Consejo de Defensa Nacional. A su criterio, la medida revela un Gobierno que actúa de forma reactiva y desesperada, al reconocer de hecho que la fuerza policial se encuentra sobrepasada frente al crimen organizado.
El senador remarcó que experiencias similares en otros países de América Latina demostraron que la intervención militar en seguridad interna presenta limitaciones en términos de eficacia y genera cuestionamientos sobre la legalidad y la proporcionalidad en el uso de la fuerza.
En ese contexto, insistió en la necesidad de fortalecer las capacidades de inteligencia y operativas de la Policía Nacional en lugar de trasladar la responsabilidad a las Fuerzas Armadas. Señaló como ejemplo preocupante la exclusión del comisario César Pérez, quien encabezaba la Dirección contra el Secuestro y Terrorismo, del listado de ascensos tras un controvertido proceso de evaluación con polígrafo. Según dijo, decisiones de ese tipo afectan la moral institucional y debilitan el desarrollo técnico de la fuerza.
Las declaraciones del legislador se dan en medio de un escenario de creciente tensión por la inseguridad y el debate sobre el rol de los militares en tareas que históricamente estuvieron reservadas a las fuerzas policiales.
