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Con esta medida, el Poder Ejecutivo da el paso final para la aplicación de una normativa que busca reorganizar el régimen de la función pública, pero que desde su aprobación ha sido cuestionada por distintos sectores políticos y gremiales.
El reglamento define que la ley se aplicará exclusivamente al Poder Ejecutivo y establece los procedimientos administrativos que deberán seguir las instituciones del Estado para asegurar el cumplimiento de derechos y obligaciones de los funcionarios. Según el texto, la norma pretende impulsar una "reforma racional y progresiva" dentro del sistema estatal, buscando mayor eficiencia en la gestión pública.
Entre los aspectos más relevantes, se confirma que la jornada laboral de los empleados públicos será de ocho horas diarias, de lunes a viernes, aunque se prevén excepciones para áreas donde la naturaleza del trabajo requiera otros horarios. Además, se establece que hasta diciembre de 2026 los asesores podrán ser contratados bajo la modalidad de servicios, pero a partir de 2027 estos puestos deberán formar parte del plantel institucional mediante nombramientos permanentes.
El decreto aclara también que los asesores no tendrán rango jerárquico dentro de la estructura administrativa ni recibirán beneficios adicionales más allá de su salario base. En cuanto a las licencias sin goce de sueldo, se dispone que el trabajador deberá reincorporarse a un puesto similar al que ocupaba antes del permiso, manteniendo los derechos adquiridos.
Otro punto central del reglamento se refiere a los concursos públicos. Las instituciones deberán garantizar la transparencia y el respeto al principio de mérito e igualdad en cada proceso de selección y promoción, evitando contrataciones fuera de los mecanismos previstos por la ley.
Aunque la reglamentación era aguardada desde hace meses, su publicación volvió a reavivar las críticas. Diversos sectores sostienen que tanto la ley como su reglamento fueron elaborados de manera apresurada y sin un debate profundo sobre sus implicancias reales. Los gremios advierten que podría afectar la estabilidad laboral y abrir la puerta a discrecionalidades en los nombramientos.
El Gobierno, por su parte, defiende la medida como un paso necesario para modernizar el Estado y ordenar la carrera civil. El verdadero impacto del decreto recién comenzará a medirse cuando entren en vigor sus disposiciones y las instituciones comiencen a adaptarse a las nuevas reglas.
