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Diciembre no arrancó solo con peregrinaciones y balances de fin de año. En el entorno presidencial se instaló un clima de tensión, con versiones que apuntan a que al menos tres o cuatro cambios en el gabinete de Santiago Peña serían inminentes. Las filtraciones desde el propio oficialismo hablan de nombres ya evaluados, sondeos internos en la mano y un diagnóstico compartido: hay ministerios que se han convertido en el talón de Aquiles del Gobierno, tanto frente a la ciudadanía como hacia adentro del propio movimiento.
La conversación sobre el recambio ya no se limita a la oposición ni a los analistas. Voces del cartismo, senadores de primera línea y figuras con peso en la estructura partidaria vienen señalando desde hace meses que ya es momento de refrescar el equipo de ministros. A poco de cumplirse dos años de mandato, la discusión se trasladó del rumor de pasillo a la agenda política real, con un oficialismo que empieza a reconocer que hay áreas que no están rindiendo y que la paciencia interna se agota.
En paralelo, Peña envió señales ambiguas. En varias entrevistas insistió en que confía en su gabinete y llegó a afirmar que no contempla cambios inmediatos, aunque también admitió que ciertos ministerios necesitan sangre nueva sin mencionar cuáles. Esa doble línea de discurso abrió aún más la puerta a las especulaciones y al juego de nombres en la prensa y en la interna colorada.
Nicanor reaparece, marca distancia y apunta a Salud y Obras Públicas
En este tablero, la reaparición de Nicanor Duarte Frutos como actor político activo dentro del oficialismo terminó de encender las alarmas. Desde su rol institucional pero ya plenamente incorporado a la dinámica de Honor Colorado, el expresidente decidió hablar con franqueza sobre el gabinete de Peña y apuntó directamente a la selección de sus ministros.
Nicanor cuestionó que los mejores ministerios hayan quedado en manos de un círculo reducido de confianza del presidente que, según su lectura, responde más a intereses de élites económicas que a un proyecto político con conducción clara. Y lo más delicado para Peña fue que eligió dos áreas para ejemplificar el problema: Salud y Obras Públicas. No habló de errores aislados ni de simples desajustes técnicos, sino de ausencia de políticas estructurales, fallas de gestión y una sensación general de desorden.
La crítica no vino de la oposición, sino de una figura que hoy se mueve dentro del mismo espacio de poder que Horacio Cartes y el propio Peña. Cuando un aliado de ese peso admite públicamente que no ve conducción en ministerios estratégicos, el mensaje deja de ser simbólico y pasa a ser una advertencia directa de que hay ministros que ya dejaron de ser un problema sectorial para convertirse en un riesgo político para todo el Gobierno.
Obras Públicas, baja ejecución, deudas y obras bajo sospecha
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones se instaló como uno de los focos más visibles de desgaste. Desde los primeros meses de gestión, la cartera arrastra cuestionamientos que con el tiempo dejaron de centrarse en lo personal y pasaron directamente a los resultados.
Informes sobre ejecución presupuestaria mostraron que en un período clave para destrabar obras de infraestructura, el ministerio apenas logró ejecutar una fracción de los recursos disponibles, dejando en suspenso licitaciones prometidas y retrasando proyectos considerados prioritarios para el desarrollo vial y logístico del país. A esto se sumó una deuda millonaria con empresas contratistas que generó tensión con el sector privado y alimentó la percepción de parálisis.
En el Congreso, incluso senadores del oficialismo comenzaron a hablar abiertamente de la posibilidad de un relevo en Obras Públicas. Algunos reclamaron con nombre y apellido la salida de la ministra, señalando que el ministerio no está respondiendo a la expectativa generada por un Gobierno que prometió una fuerte política de infraestructura. Otros evitaron mencionarla directamente, pero dejaron claro que la continuidad del actual equipo ya no es un tema cerrado.
El desgaste se profundizó con denuncias de falta de transparencia en ciertas obras emblemáticas, como proyectos vinculados al acceso aeroportuario y a grandes corredores viales, donde persisten dudas sobre procesos licitatorios, costos finales e ingeniería financiera. Que el propio presidente haya tenido que salir a mostrar obras sin despejar del todo las sospechas solo reforzó la imagen de un ministerio bajo observación permanente.
Salud pública, el flanco más sensible del Gobierno
Si Obras Públicas representa el problema de gestión de infraestructura, el Ministerio de Salud se convirtió en el rostro más sensible del malestar social. La ministra María Teresa Barán acumula meses de cuestionamientos por la situación de hospitales colapsados, falta de insumos, demoras en compras clave y una sensación generalizada de que, pese al presupuesto, no hay cambios estructurales en el sistema sanitario.
Las escenas de pacientes sin camas, médicos reclamando equipamientos básicos y denuncias sobre precariedad en centros del interior se volvieron recurrentes. Desde el Congreso, tanto opositores como referentes del propio oficialismo pusieron la lupa sobre la gestión sanitaria. Hubo pedidos de informes, intentos de interpelación y audiencias tensas en las que legisladores hablaron de improvisación, falta de planificación y prioridades mal definidas.
Senadores de Honor Colorado llegaron incluso a pedir públicamente a Peña que renueve parte de su gabinete, apuntando de manera directa al área de Salud. El mensaje se reforzó cuando una de las principales figuras del oficialismo comparó al Ejecutivo con un equipo de fútbol que necesita jugadores de refresco. Aunque evitó pronunciar nombres, nadie dudó de a quién iba dirigido ese mensaje.
Lejos de apaciguar la tormenta, las defensas públicas de la ministra terminaron exponiéndola aún más. En entrevistas recientes tuvo que responder no solo a la oposición, sino también a críticas abiertas de dirigentes de su propio partido. La combinación de hospitales desbordados, quejas ciudadanas y una narrativa oficial que no termina de convencer convirtió a Salud en el centro de cualquier discusión sobre cambios en el gabinete.
Indert, el escándalo de las tierras que puso a Ruiz Díaz en la cuerda floja
Mientras Salud y Obras Públicas concentran el malestar urbano, otro foco de crisis se encendió desde el interior del país con un impacto político todavía mayor. El escándalo que sacude al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra colocó a su titular, Francisco Ruiz Díaz, directamente en la cuerda floja.
Investigaciones periodísticas y documentos oficiales revelaron que el Indert adjudicó tierras fiscales estratégicas en zonas de alto valor, especialmente en el Chaco y en áreas vinculadas al Corredor Bioceánico, a personas que no eran sujetos de la reforma agraria y a precios muy por debajo del valor real de mercado. En la opinión pública se instaló una definición contundente: tierras del Estado entregadas prácticamente a precio de regalo.
El caso escaló rápidamente al Senado, donde bloques opositores impulsaron un pedido de interpelación para que Ruiz Díaz explique varias de estas adjudicaciones. En paralelo, surgieron advertencias sobre el riesgo de que amplias zonas estratégicas del país queden en manos privadas sin ningún control real del Estado. Aunque la interpelación fue postergada, el mensaje político quedó claro: el titular del Indert quedó gravemente debilitado.
Dentro del propio oficialismo comenzaron a marcar distancia. Peña ordenó congelar nuevas titulaciones mientras se aclaran los hechos y, en los pasillos del poder, ya se habla abiertamente de posibles reemplazos. La combinación de escándalo público, presión parlamentaria y pérdida de respaldo político volvió insostenible la continuidad de Ruiz Díaz en el mediano plazo.
Cartistas, aliados y oposición, un consenso impensado en torno a los cambios
Lo que vuelve especialmente delicado este momento para Santiago Peña es que la presión por cambios en el gabinete ya no proviene solo de la oposición. Existe una convergencia poco habitual entre sectores del cartismo, aliados internos con peso propio y la oposición parlamentaria.
Desde hace meses, figuras del primer anillo de Honor Colorado vienen marcando disidencias con la conducción del Gobierno y señalando la falta de resultados en áreas donde el oficialismo tiene control pleno del Congreso y margen fiscal. El mensaje que se repite es simple: con tanto poder concentrado, no hay excusas para los fracasos en Salud, la parálisis en Obras Públicas y los escándalos en entes como el Indert.
A esto se suma la actitud de Nicanor Duarte Frutos, que no solo cuestiona la selección de ministros, sino que reclama una conducción política más firme, menos dependiente del círculo de confianza del presidente. Su postura coloca a Peña frente a una disyuntiva incómoda: corregir el rumbo o profundizar una apuesta que ya muestra fisuras.
La oposición, por su parte, encontró en este escenario el terreno ideal para instalar su discurso de desgaste. Un Gobierno que no corrige, que se aferra a ministros cuestionados y que posterga decisiones clave mientras se acumulan crisis sectoriales. Cada vez que Peña descarta cambios, refuerza esa narrativa.
Un presidente entre la lealtad y el costo político
Hasta ahora, la respuesta de Santiago Peña ante los rumores de recambio ha sido aferrarse a la idea de lealtad y confianza. Insiste en que todos sus ministros tienen su respaldo y que los cambios no pueden definirse por presión mediática ni por cálculos electorales. Esa postura le permitió sostener a su equipo en los primeros meses de críticas, pero hoy empieza a transformarse en un factor de desgaste.
El presidente ya movió fichas en áreas de menor impacto político, como el entorno militar y los edecanes, sin mayores costos. Sin embargo, evitó tocar hasta ahora los ministerios más cuestionados, alimentando la percepción de que rehúye decisiones de alto riesgo. En política, sostener a un ministro desgastado suele tener un costo doble: por los errores de gestión y por la señal de debilidad que se transmite al no corregir a tiempo.
Peña enfrenta así un dilema claro: si mueve demasiadas piezas a la vez, admite una crisis de gestión; si no mueve ninguna, arrastra el desgaste hasta el próximo ciclo electoral, erosionando su capital político y el de su movimiento.
Escenarios posibles, retoque quirúrgico o reconfiguración política
Con el clima de diciembre cargado de rumores, las conversaciones en la interna colorada giran en torno a dos grandes escenarios. El primero es el de un retoque quirúrgico, con cambios puntuales en los puntos más críticos, Indert como caso urgente y al menos uno de los grandes ministerios en cuestión, Salud u Obras Públicas, acompañados de ajustes en segundas líneas.
El segundo escenario, más profundo, es una verdadera reconfiguración política del gabinete, con la entrada de figuras con peso propio en áreas clave, un reordenamiento interno dentro de Honor Colorado y la búsqueda de perfiles técnicos que puedan exhibir resultados rápidos en infraestructura y salud.
Por ahora, el presidente administra los tiempos a su manera, deja correr los rumores y mide el costo de cada movimiento. Pero la novedad de este diciembre es que ya no se discute si habrá cambios, sino cuántos, cuándo y hasta qué punto reflejarán un giro real en la forma de gobernar. Salud, Obras Públicas e Indert son hoy la superficie más visible de un problema más profundo: la distancia entre las promesas de gestión eficiente y una realidad marcada por hospitales saturados, obras trabadas y tierras fiscales entregadas a precio de regalo.
Si Peña decide finalmente mover el tablero, no solo estará cambiando nombres. Estará admitiendo que el país ya no le concede más crédito para seguir apostando al mismo equipo. Y si opta por resistir hasta el final, el costo no lo pagarán solo sus ministros, sino todo un proyecto político que prometió renovación y hoy se ve obligado a demostrar que todavía tiene capacidad para corregir rumbos antes de que las crisis sectoriales se conviertan en una crisis de Gobierno.
