La necesidad de regular el uso, almacenamiento y procesamiento de información personal en un contexto digital cada vez más complejo se volvió insoslayable. Hoy, con un proyecto aprobado en general por la Cámara de Diputados, el país podría finalmente dar un paso histórico en materia de derechos digitales y privacidad.
Un vacío legal preocupante
Desde que se derogó la Ley 1682/01 y se promulgó la Ley 6534/20 —centrada únicamente en datos crediticios— Paraguay quedó sin una normativa integral que rija la protección de datos personales en general. Esto dejó a millones de ciudadanos en una situación de vulnerabilidad frente al uso indiscriminado de su información, tanto por entes públicos como por empresas privadas.
"La ausencia de una ley de protección de datos es un agujero negro legal que afecta el ejercicio de derechos básicos como la intimidad, la libertad de expresión y hasta el acceso al empleo", advirtió la organización TEDIC, una de las principales impulsoras del proyecto.
Contenido del proyecto: ¿Qué propone la ley?
El proyecto en tratamiento establece principios rectores como la legalidad, finalidad, proporcionalidad, exactitud y confidencialidad del tratamiento de datos. Entre sus principales aspectos se destacan:
- La obligación de obtener consentimiento expreso, libre e informado del titular de los datos.
- El reconocimiento de los llamados derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición).
- La regulación del uso de datos sensibles (como los de salud, origen étnico, opiniones políticas o creencias religiosas).
- La obligación de crear una autoridad nacional independiente con capacidad sancionadora y fiscalizadora.
- Penalización de prácticas como la inclusión arbitraria de personas en "listas negras" crediticias aun cuando ya hayan saldado sus deudas.
Este último punto es especialmente relevante, ya que en Paraguay persiste una práctica extendida de vetar el acceso al empleo formal a personas con antecedentes negativos en bases de datos privadas, aun después de haber regularizado su situación financiera.
Obstáculos y tensiones políticas
El camino legislativo no ha estado exento de obstáculos. Durante el periodo anterior del Congreso, múltiples intentos de tratamiento fueron postergados, lo que llevó a activistas y legisladores críticos a denunciar la falta de voluntad política. "Este proyecto estuvo engavetado porque tocaría intereses de empresas poderosas que lucran con la información de la gente", afirmó la exsenadora Kattya González.
Solo en diciembre de 2024, tras la presión de organizaciones civiles y el eco internacional sobre la importancia de este tipo de normativas, la Cámara de Diputados aprobó el texto en general. El tratamiento artículo por artículo se retomaría en las próximas semanas, aunque aún hay sectores reacios, especialmente vinculados al lobby de bases de datos comerciales.
Impacto y estándares internacionales
Con esta ley, Paraguay podría alinearse finalmente con marcos internacionales como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea. Esto no solo beneficiaría a los ciudadanos, sino también al comercio internacional, al facilitar el intercambio de datos bajo estándares seguros con países que exigen garantías legales mínimas.
El propio presidente Santiago Peña, en su intervención ante el Foro de la OCDE en noviembre de 2024, reconoció la necesidad de esta legislación como herramienta para la transparencia y el desarrollo económico sustentable.
El rol de la ciudadanía y lo que viene
Organizaciones como TEDIC, la Coalición de Datos Personales y la Asociación de Tecnología y Derecho han convocado a foros públicos, campañas en redes y encuentros con legisladores para garantizar que la versión final de la ley no se diluya. Exigen, además, que la autoridad de aplicación sea técnica, autónoma y libre de injerencias políticas.
La ciudadanía también tiene un rol clave. El acceso a la información, el derecho al olvido y la protección frente al uso indebido de datos no son cuestiones técnicas, sino pilares de una democracia moderna.
Reto
La eventual aprobación de la ley marcaría un punto de inflexión en la historia jurídica y tecnológica de Paraguay. Pero más allá del texto legal, el verdadero reto será su implementación efectiva y la construcción de una cultura de respeto por la privacidad.
Paraguay tiene ante sí la oportunidad de corregir años de omisiones. El Congreso tiene la palabra, pero la sociedad debe mantener la presión para que esta ley no sea una promesa vacía, sino una garantía viva de derechos para todos.


