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Las senadoras Esperanza Martínez y Celeste Amarilla cuestionaron el rumbo que tomó la investigación tras la firma de un convenio de cooperación entre la comisión y la Contraloría General de la República. Ambas sostuvieron que el apoyo técnico puede resultar útil, pero remarcaron que la prioridad debe ser avanzar sobre las universidades privadas mencionadas en las denuncias y no limitar el trabajo a revisar documentación remitida por dependencias estatales.
Martínez expresó su preocupación por el tiempo transcurrido desde la conformación de la comisión sin que hayan sido convocadas las autoridades de universidades que aparecen reiteradamente en las investigaciones. Señaló que la mayor parte del sistema universitario corresponde al sector privado y afirmó que allí debería concentrarse el esfuerzo principal de los legisladores.
La senadora advirtió además que existen indicios de hechos punibles que van más allá de simples irregularidades administrativas y recordó que autoridades del Ministerio de Educación ya habían alertado sobre la existencia de profesionales que habrían obtenido títulos sin cumplir los requisitos académicos. A su criterio, la investigación debe apuntar a determinar responsabilidades y, si se comprueban las denuncias, impulsar medidas severas, incluso el cierre de universidades que operen al margen de la ley.
Por su parte, Celeste Amarilla fue todavía más crítica con la estrategia adoptada por la comisión. Sostuvo que el Congreso ya dispone de suficientes herramientas para remitir antecedentes al Ministerio Público y cuestionó que se continúe convocando a autoridades estatales mientras las universidades bajo sospecha permanecen sin rendir cuentas.
La legisladora afirmó que el trabajo parlamentario se está desviando del objetivo central y reclamó que las próximas diligencias estén dirigidas directamente a las universidades privadas cuestionadas y a quienes habrían obtenido títulos de manera irregular. También pidió la comparecencia de personas vinculadas con la Universidad Sudamericana para esclarecer las denuncias existentes.
Las observaciones de ambas senadoras surgieron durante la reunión en la que se oficializó el convenio entre la comisión investigadora y la Contraloría. El presidente de la comisión, Patrick Kemper, explicó que el organismo contralor colaborará en el análisis de la gran cantidad de documentos recibidos de instituciones públicas y educativas, algunos de los cuales contienen cientos de páginas.
Kemper reconoció que todavía existen informes pendientes de remisión, entre ellos los requeridos al Ministerio de Educación y Ciencias, y sostuvo que el respaldo técnico permitirá agilizar la revisión de la documentación antes de adoptar nuevas medidas.
El presidente del Congreso, Basilio Núñez, defendió el trabajo de la comisión y aseguró que el Senado proporcionará todos los recursos necesarios para llegar al esclarecimiento de los hechos. Incluso manifestó que, si el plazo inicialmente previsto resulta insuficiente, impulsarán una ampliación del mandato para concluir la investigación.
A su turno, el contralor general Camilo Benítez sostuvo que la institución actuará dentro de las atribuciones constitucionales y advirtió que el problema trasciende casos aislados. Según indicó, existen miles de funcionarios públicos que pudieron haber accedido a cargos o ascensos mediante títulos cuya validez debe ser verificada, lo que convierte el caso en un asunto de interés nacional.
Ante los cuestionamientos de la oposición, Kemper aseguró que la comisión no excluirá ninguna línea de investigación y afirmó que, si las conclusiones así lo justifican, recomendarán incluso el cierre de universidades involucradas en la expedición irregular de títulos.
Como resultado del debate, la comisión resolvió avanzar con la convocatoria de representantes de la Universidad Sudamericana y de la Universidad Leonardo Da Vinci, instituciones que aparecen mencionadas en distintas denuncias y que ahora deberán responder ante los legisladores sobre las acusaciones que pesan en su contra.
