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Durante una reunión en la que se formalizó un acuerdo de cooperación con la Contraloría General de la República, varias senadoras reclamaron que el trabajo deje de concentrarse en organismos públicos y avance directamente sobre las universidades privadas señaladas en las denuncias.
Las legisladoras Esperanza Martínez y Celeste Amarilla cuestionaron que, tras más de un mes de funcionamiento de la comisión especial, todavía no hayan comparecido algunas de las instituciones de educación superior mencionadas en el caso. Ambas sostuvieron que el eje de la investigación debe centrarse en el origen de los títulos presuntamente irregulares y en la eventual responsabilidad de las universidades involucradas.
Martínez advirtió que limitar el análisis al ámbito estatal podría impedir que se esclarezca el fondo del problema y planteó la necesidad de sumar la participación de otros organismos, entre ellos el Ministerio Público, para dotar de mayor transparencia al proceso. También recordó que las denuncias abarcan principalmente al sector universitario privado y afirmó que existen indicios de posibles hechos punibles vinculados a la expedición de títulos sin el cumplimiento de los requisitos académicos.
La senadora agregó que el país enfrenta una situación de alta gravedad, ya que incluso se mencionó la existencia de profesionales que habrían obtenido credenciales de manera irregular. A su criterio, si las investigaciones confirman esas sospechas, el Congreso debería impulsar medidas severas, incluyendo la eventual clausura de universidades que hayan operado al margen de la normativa.
Por su parte, Celeste Amarilla expresó que la comisión dispone de herramientas suficientes para avanzar sin prolongar innecesariamente el proceso. Señaló que el tiempo debe destinarse a identificar responsabilidades concretas y no a reiterar pedidos de información a instituciones que ya cumplen funciones de control, como el MEC, el Cones y la Aneaes. En ese contexto, insistió en que la prioridad debe ser convocar a las universidades privadas bajo sospecha y a las personas vinculadas con ellas.
La parlamentaria también sostuvo que corresponde investigar a quienes habrían obtenido títulos sin cursar efectivamente las carreras, además de analizar la responsabilidad de las instituciones que emitieron esos documentos.
Ante los cuestionamientos, el presidente del Congreso, Basilio Núñez, aseguró que el Senado brindará todos los recursos necesarios para que la comisión pueda completar su tarea. Indicó que, si el plazo inicialmente previsto resulta insuficiente, se evaluará extender el funcionamiento del órgano investigador con el objetivo de llegar a conclusiones definitivas.
El contralor general de la República, Camilo Benítez, explicó que el convenio firmado permitirá a la institución colaborar en el procesamiento y análisis de la documentación remitida por organismos públicos y centros educativos. Señaló que el volumen de expedientes es considerable y remarcó que el caso podría afectar a miles de funcionarios que habrían accedido a cargos o beneficios mediante títulos cuya validez está siendo examinada.
A su vez, el presidente de la comisión especial, Patrick Kemper, afirmó que la investigación continuará avanzando sobre todas las líneas abiertas y garantizó que no se descarta recomendar sanciones de fondo si se comprueban irregularidades graves. Como parte de ese proceso, la comisión resolvió convocar a representantes de la Universidad Sudamericana y de la Universidad Leonardo Da Vinci para que respondan sobre las denuncias que pesan sobre ambas instituciones.
