Política¿Hasta cuándo?
La Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal, conocida como OPACI, es una asociación privada que opera como intermediaria obligatoria en trámites fundamentales para los ciudadanos: la habilitación vehicular, la expedición o renovación de licencias de conducir, y también en gestiones relacionadas con la transferencia de bienes raíces.
Aunque su nombre remite a cooperación entre municipalidades, en los hechos OPACI se dedica a gestionar, imprimir y validar documentos que las comunas están perfectamente capacitadas para emitir por cuenta propia. Lejos de brindar asistencia técnica o servicios comunitarios, la organización ha consolidado un monopolio funcional sobre tareas administrativas que deberían estar en manos de cada municipio. Y lo hace cobrando.
En el caso de las licencias de conducir, cobra G. 10.000 por trámite, y solo G. 2.000 son derivados a la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV). El resto queda en manos de OPACI, sin una explicación pública clara de en qué se invierte ese dinero.
La recaudación millonaria
Entre 2020 y 2024, OPACI recaudó más de G. 35.416 millones (unos 4,6 millones de dólares) solo por expedición de registros de conducir. A eso se suman los cobros por habilitaciones municipales, transferencias de inmuebles y convenios con escribanos. En promedio, su recaudación anual ronda los G. 27.000 millones, aunque su presupuesto proyectado suele superar los G. 43.000 millones.
Ya en el año 2015 había manejado G. 41.900 millones, de los cuales más de G. 11.000 millones se destinaron a salarios. Y en lugar de transferir el dinero recaudado en nombre de las municipalidades, retuvo más de G. 17.000 millones provenientes de trámites de bienes raíces. Plata de los contribuyentes, que no llegó nunca a las arcas municipales.
¿Dónde va a parar la plata?
Ese es el gran interrogante. OPACI no está sujeta a auditorías de la Contraloría General de la República, a pesar de manejar fondos públicos indirectos. Como se constituyó jurídicamente como una asociación civil sin fines de lucro, no tiene obligación legal de rendir cuentas al Estado, aunque actúe como un engranaje clave en la administración pública municipal.
No se conocen informes detallados de en qué se utiliza el dinero. No se publican balances anuales. No se sabe cuántos funcionarios tiene, ni en qué se gasta lo recaudado. En los hechos, el dinero de los contribuyentes entra, pero no se sabe en qué se invierte, ni qué servicios concretos se prestan con él.
Municipios enteros son dependientes de OPACI para gestionar sus sistemas de cobro y emisión de documentos. Y en muchos casos, la organización incluso ha llegado a suspender transferencias si las comunas no cumplen con sus condiciones. Es decir, OPACI también impone sanciones financieras. ¿Pero bajo qué autoridad?
Blindaje político a medida
Esta semana, un grupo de diputados impulsó un proyecto para poner fin al poder de OPACI en la emisión de licencias de conducir y otras gestiones administrativas, devolviendo esas funciones a las municipalidades, tal como establece la ley de autonomía municipal.
Sin embargo, el proyecto fue rechazado por la mayoría cartista en el Congreso. Fue la segunda vez en menos de un año que se intentó cortar el millonario chorro financiero de OPACI, y nuevamente el poder político la blindó.
En lugar de investigar el destino de la recaudación o exigir transparencia, la mayoría parlamentaria decidió mantener intacto el sistema actual. El mismo que obliga al ciudadano a pagar por trámites básicos y a enriquecer a una organización que no rinde cuentas.
Una entidad que nadie controla
OPACI fue creada originalmente como un ente oficial en 1964, pero en 1996 se transformó en una ONG privada. Desde entonces, ha mantenido convenios con más de 260 municipalidades del país. Y aunque formalmente depende de la voluntad de los municipios, en la práctica se comporta como un organismo estatal con funciones exclusivas.
Opera sin supervisión, sin auditoría pública, sin balance transparente y sin responsabilidad ante los órganos de control. Mientras tanto, sigue embolsando miles de millones de guaraníes de los contribuyentes año tras año.
¿Por qué los paraguayos deben seguir pagando?
Cada vez que un ciudadano tramita su habilitación vehicular o su licencia de conducir, parte de su dinero va a parar a OPACI. Y nadie puede explicar por qué.
No se trata de un impuesto, ni de un canon estatal. Es una cuota privada impuesta por una organización que se mantiene con fondos públicos sin rendirle cuentas a nadie. Y, mientras tanto, los municipios pierden autonomía y los contribuyentes pierden dinero.
OPACI se ha convertido en un símbolo del sistema parasitario que se ha instalado en la gestión pública paraguaya: estructuras sin control, con recaudaciones gigantescas y funciones que ya no se justifican. El intento de eliminar su monopolio fracasó otra vez esta semana. Pero la pregunta sigue en el aire: ¿hasta cuándo el pueblo paraguayo seguirá pagando sin saber para qué?
