PolíticaOposición teme rechazo del cartismo
La propuesta legislativa pretende devolver a las municipalidades la plena potestad sobre estos trámites, fortaleciendo su autonomía administrativa y operativa.
Según lo planteado por los autores del proyecto, actualmente muchos municipios dependen de la OPACI para implementar sistemas, imprimir documentos y verificar datos en la emisión de licencias. Esta situación, a su criterio, ha generado una dependencia tanto operativa como económica, atentando contra la eficacia institucional de los gobiernos locales.
Los legisladores sostienen que OPACI cobra una tarifa fija o un porcentaje por cada trámite realizado, lo que representa una carga para los contribuyentes y los municipios. Además, aseguran que esta modalidad ha impedido que las comunas desarrollen sus propios mecanismos de gestión, limitando su capacidad de innovación y capacitación interna.
En cuanto al área inmobiliaria, se critica que OPACI actúe como filtro obligatorio en tareas como la verificación del pago de tributos o la expedición de constancias, lo que -según los proyectistas- prolonga innecesariamente los tiempos administrativos, genera costos adicionales y disminuye la capacidad de respuesta directa de los municipios ante la ciudadanía.
El documento destaca que tanto la Constitución Nacional como la Ley Orgánica Municipal reconocen a los municipios como entes autónomos en materia de administración de recursos y servicios públicos. En ese sentido, el proyecto busca suprimir lo que consideran una injerencia innecesaria de un organismo privado en gestiones que deberían estar bajo responsabilidad exclusiva de instituciones públicas.
La propuesta también deja en claro que no se pretende desproteger técnicamente a los municipios, sino más bien que el Estado —a través de entidades como el Ministerio del Interior o la Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (SENATIC)— brinde el soporte necesario para una transición hacia modelos de gestión propios, transparentes y más eficientes.
De acuerdo con la exposición de motivos, la intención es restablecer la soberanía administrativa de los gobiernos locales, aliviar la carga económica de los contribuyentes y avanzar hacia una administración moderna y directa, sin intermediarios que entorpezcan la relación entre el ciudadano y las autoridades municipales.
El proyecto lleva la firma de los diputados Diosnel Aguilera (PLRA), María Constancia de Benítez (PLRA), Dalia Estigarribia (PLRA), Freddy Franco Luis Federico Franco (PLRA), Leidy Galeano (Yo Creo), Walter Garcia (Yo Creo), Cleto Gimenez (PLRA), Pedrito Gómez (PLRA), Miguel Martínez (PLRA), Johanna Ortega (PPS), Emilio Pavón (PLRA), Alejo Ríos Medina (PLRA), Guillermo Rodríguez Duré (Yo Creo), Roya Torres (PLRA), Arnaldo Valdez (PLRA), Rocío Vallejo (PPQ), Pastor Vera Bejarano (PLRA), Del Pilar Vázquez Cabrera (PLRA), Alexandra Zena (CN) y Raúl Benítez (Independiente).
