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La reelección de Alicia Pucheta al frente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados confirma que el oficialismo mantiene el manejo de un organismo clave para el equilibrio institucional. En un contexto marcado por antecedentes de tráfico de influencias, audios filtrados y chats comprometedores, el órgano encargado de juzgar y eventualmente remover a fiscales, jueces y defensores públicos vuelve a quedar bajo conducción alineada al coloradismo cartista, reforzando la discusión sobre independencia y Estado de derecho.
Este 26 de febrero de 2026, Alicia Pucheta Vda. de Correa fue elegida por unanimidad como presidenta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para el periodo 2026-2027. La decisión se tomó en sesión del órgano y su asunción formal está prevista para el 2 de marzo. No se trata de su primera vez al frente del Jurado: ya lo había presidido entre febrero de 2024 y febrero de 2025. La normativa vigente permite la reelección por única vez siempre que no sea en periodos consecutivos, lo que habilitó su retorno a la conducción.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados es un órgano constitucional extrapoder con atribuciones disciplinarias sobre magistrados judiciales, agentes fiscales y defensores públicos. Puede investigar denuncias por mal desempeño, abrir procesos, solicitar suspensiones preventivas mientras se tramitan las causas y, finalmente, disponer la remoción si se configuran las causales previstas. No designa jueces ni fiscales, pero su poder disciplinario impacta directamente en sus carreras y en la estabilidad de quienes llevan adelante investigaciones sensibles.
La relevancia política del Jurado es evidente: quien controla su mayoría tiene capacidad de presión indirecta sobre el sistema de justicia. En los hechos, la amenaza de un proceso disciplinario o una suspensión puede condicionar decisiones en causas de alto impacto. Por eso, cada integración y cada presidencia del JEM son leídas en clave de poder.
La reelección de Pucheta se da en un escenario donde el cartismo logró sostener mayoría dentro del órgano, incluso después de escándalos recientes. En 2025, tras la salida de Orlando Arévalo del Jurado en medio de cuestionamientos por presunto tráfico de influencias revelado en chats, el oficialismo impulsó rápidamente a su reemplazante, asegurando la continuidad del bloque alineado a Honor Colorado. Ese movimiento fue interpretado como una estrategia de contención para evitar perder control en una institución estratégica.
El antecedente más grave que golpeó al Jurado en los últimos años fue el caso conocido como los "audios filtrados", que expuso un esquema de tráfico de influencias en el que aparecieron involucrados el entonces senador Óscar González Daher y el ex secretario del JEM, Raúl Fernández Lippmann. Las conversaciones revelaban presuntas gestiones para favorecer o perjudicar a magistrados dentro de procesos disciplinarios. Ese escándalo derivó en condenas por tráfico de influencias y dejó una marca profunda en la credibilidad institucional del órgano.
A pesar de aquellas condenas, el problema estructural no desapareció. El diseño del Jurado, integrado por representantes del Congreso, del Poder Judicial y del Ejecutivo, lo convierte en un espacio donde las mayorías políticas pueden inclinar decisiones disciplinarias. En contextos de hegemonía partidaria, el riesgo de utilización política del órgano vuelve a instalarse con fuerza.
El caso de Orlando Arévalo volvió a poner bajo la lupa al JEM. Chats difundidos públicamente lo vinculaban con presuntas gestiones ante fiscales y jueces, lo que generó pedidos de investigación y cuestionamientos sobre posibles maniobras para influir en procesos. Si bien solicitó permiso como miembro del Jurado en medio de la polémica, el oficialismo mantuvo cohesión interna y rápidamente garantizó un reemplazo alineado, evitando fisuras en la estructura de poder del organismo.
En este contexto, la figura de Alicia Pucheta adquiere especial relevancia. Con trayectoria como ministra de la Corte Suprema y ex vicepresidenta de la República durante el gobierno de Horacio Cartes, hoy también integra el Consejo de la Magistratura en representación del Poder Ejecutivo. Su regreso a la presidencia del Jurado refuerza la presencia de figuras cercanas al oficialismo en espacios decisivos para el sistema judicial.
El debate de fondo no es personal sino institucional. El Jurado tiene la misión de garantizar que jueces y fiscales actúen con probidad, pero cuando su conducción queda asociada a mayorías políticas fuertes y a antecedentes de tráfico de influencias, se instala la sospecha de que la herramienta disciplinaria puede transformarse en mecanismo de presión. En un país donde varias investigaciones por corrupción, crimen organizado y narcotráfico dependen de fiscales y jueces expuestos a presiones, el rol del JEM es determinante.
La reelección de Pucheta, votada por unanimidad, cierra filas en torno a una conducción que asegura continuidad. Para sectores críticos, esa continuidad significa consolidación del control político sobre un órgano vital. Para el oficialismo, representa estabilidad institucional. Lo cierto es que el Jurado vuelve a quedar bajo una estructura alineada al Partido Colorado en su vertiente cartista, en un momento en que la confianza ciudadana en la justicia sigue siendo frágil.
El desafío inmediato será demostrar que el poder disciplinario se ejercerá con criterios objetivos, transparentes y ajenos a intereses partidarios. Sin reformas profundas en los mecanismos de decisión y sin garantías claras de independencia, cada nueva designación en el Jurado seguirá siendo leída como una pieza más dentro del tablero político, antes que como una apuesta por fortalecer el Estado de derecho.
