Obreros rechazan ajuste "miserable" del salario mínimo
La discusión sobre el reajuste del salario mínimo volvió a escalar con fuerza y derivó en una ruptura entre las centrales sindicales y el sector empresarial dentro del Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam). Mientras los trabajadores exigen un incremento de G. 647.000 alegando una pérdida histórica del poder adquisitivo, los empresarios insisten en que el ajuste debe limitarse exclusivamente al índice de inflación medido por el Banco Central del Paraguay (BCP). El desacuerdo trasladó ahora toda la presión política directamente al Gobierno y al presidente Santiago Peña, quien deberá definir el rumbo de una de las discusiones económicas y sociales más sensibles del año.
El debate sobre el salario mínimo ingresó en una etapa crítica luego de varias reuniones sin consenso entre representantes de trabajadores, empresarios y el Ministerio de Trabajo dentro del Conasam. Las centrales obreras decidieron suspender las conversaciones con el sector empresarial tras considerar que no existe voluntad para discutir un aumento real del ingreso de los trabajadores.
La fractura se produjo después de que los empresarios ratificaran su postura de mantener el reajuste exclusivamente en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC), tal como establece actualmente la legislación vigente. Ese mecanismo implicaría un aumento de poco más de G. 60.000 o G. 80.000, dependiendo del cierre de la inflación acumulada, una cifra que los sindicatos consideran totalmente insuficiente frente al aumento del costo de vida.
Los representantes sindicales sostienen que el salario mínimo perdió un 22,3% de poder adquisitivo desde finales de los años 80 hasta la actualidad. Sobre esa base técnica plantearon un reajuste de G. 647.000, equivalente a cerca del 20% o más del salario actual.
La postura obrera fue defendida principalmente por dirigentes como Bernardo Rojas, titular de la CUT-A, Ramón Álvarez, de la CNT, y Francisco Brítez, de la CPT, quienes coincidieron en que el salario vigente ya no cubre las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias.
Según los gremios, el principal problema es que la fórmula utilizada por el BCP no refleja el verdadero impacto de la inflación sobre los sectores populares. Cuestionan especialmente la composición de la canasta utilizada para medir el IPC, argumentando que contiene bienes y servicios que no representan el consumo cotidiano de la mayoría de los asalariados.
Los sindicatos sostienen que mientras el Banco Central informa una inflación moderada, los precios de alimentos, alquileres, transporte, medicamentos y servicios básicos aumentaron mucho más rápido que los salarios reales.
En medio de ese escenario, las centrales sindicales aprobaron una serie de resoluciones políticas con las que endurecieron su posición frente al empresariado. Entre ellas figura el rechazo abierto a la propuesta de la Feprinco, el desconocimiento de los cálculos inflacionarios del BCP y la suspensión de las conversaciones directas con los empleadores.
Sin embargo, aclararon que no abandonarán formalmente el Conasam y que seguirán participando de las instancias institucionales mientras impulsan negociaciones directas con el Gobierno.
Los dirigentes obreros ya solicitaron una audiencia urgente con el presidente Santiago Peña para intentar destrabar el conflicto y buscar una salida política al debate salarial.
Del otro lado, el sector empresarial se mantiene firme en que el reajuste debe ceñirse estrictamente a la ley vigente y al cálculo técnico de inflación. Los representantes patronales argumentan que cualquier incremento superior al IPC podría afectar la sostenibilidad de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas, además de generar efectos negativos sobre el empleo formal.
El ingeniero Enrique Vidal, representante empresarial ante el Conasam, reiteró que el reajuste no puede definirse sobre bases políticas ni emocionales, sino dentro del marco legal establecido.
Los empresarios sostienen además que todavía ni siquiera están cerrados oficialmente los datos de inflación correspondientes al mes de mayo, por lo que consideran prematuro hablar de montos definitivos.
La tensión aumentó aún más porque el propio Ministerio de Trabajo dejó entrever que este año podrían elevarse todas las posturas al Poder Ejecutivo si no existe consenso dentro del Conasam. En años anteriores, las decisiones terminaron aprobándose por mayoría bajo el criterio del IPC, pero esta vez el escenario aparece mucho más dividido.
El viceministro de Trabajo, César Segovia, reconoció que el objetivo oficial sigue siendo alcanzar un acuerdo entre todos los sectores, aunque admitió que si eso no ocurre el Ejecutivo deberá evaluar las distintas propuestas técnicas y políticas presentadas.
El conflicto también reabrió un debate más profundo sobre el actual sistema de fijación del salario mínimo en Paraguay. Los sindicatos plantean reformar completamente el modelo vigente e incluso proponen crear un Instituto Nacional del Salario Mínimo que funcione como organismo técnico permanente para estudiar el costo real de vida y la evolución del poder adquisitivo.
Otra de las críticas apunta directamente al rol del Banco Central dentro del proceso de cálculo salarial. Algunos dirigentes sostienen que la banca matriz actúa prácticamente como "juez y parte", debido a que prioriza la estabilidad monetaria y no necesariamente el bienestar de los trabajadores.
El enfrentamiento por el salario mínimo ocurre además en un contexto económico complejo marcado por reclamos sociales, encarecimiento de productos básicos y creciente malestar ciudadano por la pérdida del poder adquisitivo.
Aunque Paraguay mantiene niveles de inflación relativamente bajos en comparación con otros países de la región, el debate se trasladó hacia el impacto concreto que sienten las familias en el día a día.
Para los sindicatos, el problema ya no pasa solamente por la inflación oficial, sino por la creciente distancia entre el salario mínimo y el verdadero costo de vida.
En cambio, el empresariado insiste en que romper la regla histórica del IPC podría abrir un escenario de incertidumbre económica y afectar las inversiones, el empleo formal y la estabilidad financiera.
La discusión entrará en una etapa decisiva durante las próximas semanas. El Conasam debe elevar su recomendación oficial al Poder Ejecutivo antes del 15 de junio, para que el eventual reajuste pueda entrar en vigencia desde el 1 de julio.
Con las posiciones completamente endurecidas y sin señales de acercamiento entre sindicatos y empresarios, toda la presión política comienza ahora a concentrarse sobre el Gobierno de Santiago Peña, que tendrá la última palabra en medio de un conflicto salarial que ya escaló mucho más allá de una simple discusión técnica.