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El ataque ejecutado por una veintena de hombres armados contra un puesto policial de Canindeyú, con tres fallecidos y un agente herido, expuso mucho más que una falla de seguridad. Mario Varela, Rafael Filizzola, Rubén Velázquez, Éver Villalba, Alfonso Noria y otros legisladores advirtieron que organizaciones criminales disputan abiertamente el control territorial en regiones históricamente abandonadas por el Estado.
El ataque perpetrado durante la noche del martes contra el Puesto Policial N.º 4 de la colonia Naranjito, distrito de Ybyrarobaná, dejó al descubierto una realidad que durante años permaneció oculta detrás de operativos, discursos oficiales y despliegues temporales: en determinadas zonas de Canindeyú, la soberanía del Estado paraguayo se encuentra seriamente debilitada.
La incursión no tuvo las características de un hecho delictivo improvisado. Un grupo estimado de entre 20 y 30 hombres, vestido con prendas camufladas y equipado con armas largas, se aproximó alrededor de las 23:00 hasta la dependencia policial. Los atacantes habrían permanecido previamente ocultos en un pastizal cercano, observando el movimiento de los agentes antes de avanzar disparando.
En el lugar murieron los suboficiales Atilio Martínez Barrios y Herminio Ojeda González, además de Josemar Escobar Piris, un civil que cumplía funciones como secretario de la dependencia. El suboficial Víctor Gavilán sobrevivió luego de recibir impactos de refilón en el brazo, el tórax y el muslo. Según la reconstrucción fiscal, permaneció inmóvil y simuló estar muerto hasta que pudo escapar y refugiarse en una zona boscosa. Otro agente logró salir ileso.
Después de ejecutar el ataque, los responsables incendiaron la antigua construcción de madera del puesto mediante bombas molotov. También fueron destruidos vehículos y una patrullera. La precariedad de la sede policial, emplazada en una región marcada por la circulación de grupos armados y organizaciones dedicadas al narcotráfico, se convirtió en una representación material del abandono estatal: policías expuestos en una construcción vulnerable frente a hombres que operaban con capacidad militar.
Un ataque dirigido contra la autoridad del Estado
El objetivo aparente no fue robar dinero, apoderarse de mercaderías ni asaltar una propiedad. Los atacantes llegaron para matar, destruir una dependencia policial y retirarse después de demostrar que podían movilizar un contingente fuertemente armado sin ser detectados previamente.
Ese elemento llevó al ministro del Interior, Enrique Riera, a interpretar el atentado como un mensaje dirigido al Estado. El secretario de Estado calificó el episodio como brutal y cobarde y aseguró que los responsables serían perseguidos. También reconoció que entre las hipótesis se analiza la participación de estructuras relacionadas con el narcotráfico, sin descartar al autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo.
Las primeras versiones atribuyeron el ataque al EPP debido a su planificación, el uso de prendas camufladas, las armas de grueso calibre, la ejecución directa de policías y el posterior incendio de la dependencia. Sin embargo, hasta el cierre de las primeras diligencias, ni la Policía ni el Ministerio Público habían confirmado oficialmente la autoría.
La investigación también contempla la posibilidad de que la acción haya sido ejecutada por una estructura ligada al narcotráfico, incluyendo grupos que operan bajo la influencia de Felipe Santiago Acosta Riveros, alias Macho. Por esa razón, atribuir categóricamente el ataque al EPP sería anticipar una conclusión que todavía debe ser respaldada por las evidencias.
Pero, independientemente de qué organización haya dado la orden, el mensaje territorial resulta inequívoco. Una fuerza irregular reunió a decenas de hombres, realizó tareas previas de vigilancia, se desplazó armada hasta una dependencia pública, asesinó a sus ocupantes, incendió las instalaciones y consiguió abandonar el lugar antes de una reacción efectiva.
"No puede quedar en duda quién gobierna"
La dimensión institucional del ataque dominó el debate en la Cámara de Senadores. Desde diferentes sectores políticos surgió una coincidencia poco habitual: lo ocurrido en Naranjito no puede ser reducido a otro episodio policial, porque coloca en discusión quién ejerce realmente la autoridad en determinadas zonas del país.
El senador colorado disidente Mario Varela sostuvo que el atentado afectó directamente la soberanía nacional. Para el legislador, el Estado está obligado a demostrar que conserva el control territorial y que ninguna organización mafiosa puede desplazar a las instituciones legítimas.
"No puede ponerse en duda que efectivamente el Estado es el que gobierna y no la mafia ni el crimen organizado", afirmó Varela, al advertir que la gravedad del episodio trasciende incluso las irreparables pérdidas humanas.
Su planteamiento tocó el centro del problema. La soberanía no se sostiene únicamente mediante límites geográficos, mapas o declaraciones constitucionales. Existe cuando las leyes pueden aplicarse, la población recibe protección, las instituciones funcionan y ninguna organización armada puede reemplazar, condicionar o intimidar a las autoridades públicas.
Cuando un grupo criminal puede atacar una dependencia policial con veinte o treinta hombres, el problema ya no es solamente la delincuencia. Es una disputa concreta por la autoridad y por el dominio territorial.
Una demostración de territorialidad
El senador Rubén Velázquez, de Yo Creo, interpretó la destrucción del puesto como una demostración de fuerza cuidadosamente planificada. Señaló que los atacantes buscaron exhibir territorialidad y enviar una advertencia directa al aparato estatal.
Para Velázquez, la operación demostró que determinados grupos se sienten con capacidad para enfrentar abiertamente a las instituciones. También cuestionó que los organismos de inteligencia no hayan detectado el desplazamiento, la concentración o los preparativos de una cantidad tan importante de hombres armados.
La observación resulta especialmente grave porque Naranjito no es un punto completamente aislado ni desconocido para las fuerzas de seguridad. El puesto atacado estaba ubicado a la vera de la ruta PY03, dentro de un departamento atravesado durante años por rutas utilizadas para el tráfico de marihuana, armas, vehículos y otras actividades ilegales.
La presencia del crimen organizado en Canindeyú tampoco constituye una novedad. La frontera seca, los extensos cultivos, la baja densidad institucional, los caminos rurales y la proximidad con Brasil han permitido históricamente que distintas estructuras criminales construyan redes económicas, logísticas y de protección.
El ataque revela que esas organizaciones ya no se limitan necesariamente a esconderse del Estado. Algunas se consideran suficientemente fuertes para atacarlo de frente.
Trece años de una estrategia que no logró recuperar el territorio
El senador Rafael Filizzola, exministro del Interior, afirmó que lo ocurrido demuestra el fracaso del modelo de seguridad aplicado durante los últimos 13 años. Cuestionó que, pese a las inversiones realizadas y a la presencia permanente de fuerzas militares y policiales en el norte, un contingente de entre 20 y 30 hombres haya podido organizar y ejecutar una operación de esa magnitud sin ser detectado.
Filizzola sostuvo que la estrategia vigente no funciona y aseguró que el Estado paraguayo aparece humillado y arrodillado ante el crimen organizado. También pidió al presidente Santiago Peña abandonar el optimismo discursivo y reconocer las fallas estructurales que atraviesa el sistema de seguridad.
La crítica apunta a un problema que antecede tanto al actual mandatario como a Enrique Riera. La expansión de los grupos armados, el narcotráfico y las organizaciones criminales en el norte y el noreste del país no comenzó en agosto de 2023. Es el resultado de décadas de abandono, corrupción, respuestas fragmentadas y ausencia de una política sostenida de ocupación institucional del territorio.
Distintos gobiernos respondieron generalmente después de secuestros, asesinatos, emboscadas o ataques. Se reforzaron temporalmente las fuerzas, se anunciaron inversiones, se instalaron controles y se prometió recuperar la tranquilidad. Sin embargo, la presencia pública no avanzó con la misma intensidad en educación, salud, caminos, comunicaciones, justicia, desarrollo productivo y oportunidades para las comunidades.
El resultado fue una presencia estatal predominantemente reactiva y armada, pero insuficiente en todos los demás ámbitos.
Connivencia y recaudación dentro de las instituciones
El senador liberal Éver Villalba fue más allá de la falta de infraestructura y planteó que parte de la debilidad estatal se explica por la corrupción interna. Denunció la existencia de un modelo de recaudación y connivencia entre sectores policiales y el crimen organizado.
Villalba aseguró que dependencias policiales tendrían cuotas mensuales de recaudación y que parte de esos recursos ilegales ascendería hasta niveles superiores de la estructura. Según su análisis, mientras existan funcionarios que reciban dinero de organizaciones criminales, cualquier estrategia de seguridad estará destinada al fracaso.
Esta denuncia introduce un componente todavía más complejo. El Estado no solamente pierde territorio cuando carece de agentes, vehículos, tecnología o infraestructura. También retrocede cuando sus propias estructuras son infiltradas, compradas o utilizadas para proteger actividades ilegales.
En esas condiciones, el crimen organizado no necesita expulsar completamente a las instituciones. Le basta con debilitarlas, corromperlas o convertirlas en parte de su sistema operativo.
La coexistencia entre puestos policiales precarios y organizaciones con armas de guerra expone una desigualdad extrema. Mientras los funcionarios destinados a custodiar la zona trabajan en edificaciones de madera y con recursos limitados, los grupos criminales movilizan hombres, vehículos, información y armamento con una capacidad logística que desafía directamente al poder público.
Años de anarquía en las fronteras
El senador colorado Alfonso Noria, representante de Canindeyú, atribuyó lo ocurrido a años de anarquía en las zonas fronterizas. Advirtió sobre el crecimiento de organizaciones armadas relacionadas con el narcotráfico y responsabilizó no solamente a las fuerzas policiales, sino también a otros componentes del sistema de justicia.
"En el tema de seguridad estamos mal. Hay que cambiar, hay que apretar en esto", manifestó al advertir que nuevos ataques podrían repetirse si no se modifican las políticas vigentes.
Su condición de legislador oriundo del departamento otorga un peso particular a la advertencia. Canindeyú arrastra desde hace años una combinación explosiva: narcotráfico transnacional, extensos territorios rurales, disputas por la tierra, circulación de armas, organizaciones que cruzan la frontera y comunidades con dificultades para acceder a los servicios básicos del Estado.
La ausencia estatal no significa necesariamente que no existan policías, militares, escuelas o centros de salud. Significa que la capacidad pública es insuficiente, discontinua y, en muchos lugares, claramente inferior a la influencia económica y coercitiva de las organizaciones ilegales.
Cuestionamientos directos a Riera
El senador Carlos Núñez Agüero, comisario retirado y miembro del sector cartista, responsabilizó directamente a Enrique Riera por la situación de la Policía Nacional. Sostuvo que la seguridad interna requiere conducción técnica, experiencia y conocimiento operativo.
También criticó decisiones administrativas tomadas dentro de la institución y reclamó inversiones reales en infraestructura, equipamiento y tecnología, especialmente en las dependencias ubicadas en departamentos fronterizos. El legislador preguntó cuántas muertes más deberán producirse antes de realizar cambios en la conducción de la seguridad.
La senadora Yolanda Paredes, de Cruzada Nacional, elevó el tono político y reclamó la salida de Riera. Sostuvo que llegó el momento de que Santiago Peña cambie al responsable de la cartera del Interior después de una sucesión de episodios que dejaron expuestas las debilidades de la seguridad pública.
Desde la Cámara de Diputados, el legislador Pastor Vera Bejarano también cuestionó la gestión del ministro y lamentó que una dependencia policial ubicada en una zona de alto riesgo haya permanecido en condiciones de extrema vulnerabilidad.
Los cuestionamientos al actual Gobierno son inevitables porque la responsabilidad de responder al ataque, investigar su autoría y proteger a la población corresponde a la administración de Santiago Peña. Sin embargo, limitar el debate a la permanencia o destitución de un ministro sería reducir una crisis histórica a una disputa coyuntural.
Riera debe responder por la conducción actual. Peña debe asumir la responsabilidad política de ordenar una revisión profunda de la estrategia. Pero la pérdida de control territorial en el norte y el noreste se construyó durante sucesivos gobiernos, bajo administraciones de distintos sectores internos del Partido Colorado y durante el periodo de alternancia encabezado por Fernando Lugo y Federico Franco.
Policías abandonados en la primera línea
La imagen del puesto de Naranjito antes de ser destruido resume buena parte del problema. Una antigua estructura de madera, con techo de chapas, funcionaba como representación física del Estado en un territorio dominado por economías ilegales y grupos armados.
Allí fueron destinados policías con la misión de proteger a la comunidad, controlar el tránsito y enfrentar organizaciones con capacidad económica y militar muy superior. El ataque demostró que los agentes estaban prácticamente abandonados en la primera línea.
No es razonable exigir resultados extraordinarios a funcionarios que carecen de edificaciones seguras, sistemas de vigilancia, comunicaciones confiables, vehículos apropiados, información de inteligencia y capacidad inmediata de refuerzo.
La precariedad institucional no solo facilita los ataques. También transmite a las organizaciones criminales la certeza de que pueden actuar frente a un Estado lento, descoordinado y vulnerable.
La soberanía no se recupera únicamente con operativos
Después del atentado, la Policía Nacional y la Fuerza de Tarea Conjunta desplegaron un amplio operativo en la zona. El Ministerio Público conformó un equipo para investigar el hecho y comenzaron los rastrillajes, levantamientos de evidencias y análisis de inteligencia.
La reacción es necesaria, pero reproduce un patrón conocido: el Estado llega con toda su capacidad después de que las organizaciones criminales ya demostraron la suya.
Recuperar la soberanía requiere identificar, capturar y procesar a quienes ejecutaron y ordenaron el ataque. También exige determinar cómo pudieron concentrarse decenas de hombres armados sin activar alertas y si contaron con protección, información interna o complicidad de funcionarios.
Pero una política territorial no puede agotarse en rastrillajes, retenes y patrullajes. Debe incluir presencia fiscal y judicial permanente, investigación financiera, control de armas, combate al lavado de dinero, protección de testigos, caminos transitables, conectividad, escuelas, centros sanitarios y oportunidades económicas legales.
El territorio ocupado únicamente por uniformados continúa siendo vulnerable. La soberanía se consolida cuando el ciudadano percibe al Estado como una presencia cotidiana, eficaz y confiable, no como una fuerza que desembarca después de cada tragedia.
Una advertencia que no admite otra respuesta temporal
Naranjito representa uno de los desafíos más graves lanzados en los últimos años contra la Policía Nacional. Los atacantes no huyeron de un procedimiento ni reaccionaron ante una barrera. Eligieron una dependencia, estudiaron sus movimientos, atacaron a sus ocupantes y destruyeron el símbolo visible de la autoridad pública.
El atentado obliga a determinar quién gobierna realmente en las regiones donde confluyen el EPP, las bandas narcotraficantes, los clanes fronterizos y las redes de corrupción. Esa fue la pregunta planteada por Mario Varela y recogida, con diferentes matices, por senadores oficialistas, disidentes y opositores.
La respuesta no puede consistir únicamente en declaraciones de fuerza ni en el envío temporal de más efectivos. El Estado debe demostrar que puede permanecer, investigar, prevenir, proteger y aplicar la ley incluso en los territorios más alejados.
Durante demasiado tiempo, la ausencia pública permitió que organizaciones ilegales acumularan dinero, armamento, influencia y control social. El ataque de Naranjito expuso el resultado de ese abandono: hombres armados capaces de incendiar una comisaría, ejecutar policías y retirarse después de desafiar abiertamente la soberanía nacional.
No se trata solamente de descubrir si detrás del atentado estuvo el EPP, el grupo de alias Macho u otra estructura criminal. El problema de fondo es que cualquiera de ellas pudo organizarlo.
Y mientras eso sea posible, continuará abierta la pregunta más grave planteada en el Senado: quién ejerce verdaderamente el poder en esa parte del Paraguay.El texto diferencia claramente las hipótesis investigativas de los hechos confirmados y distribuye la responsabilidad entre la gestión actual y el abandono acumulado durante sucesivos gobiernos.
