El presidente Peña promulgó la nueva Ley Anticorrupción que promete dar guerra a la corrupción en el Estado. Las promesas de transparencia podrían chocar contra la realidad institucional y décadas de incalculables daños a las arcas públicas, por lo que la expectativa alrededor del nuevo marco legal es mucho mayor.
Este martes, el presidente Santiago Peña promulgó la Ley del Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción, en un acto que reúne a los tres poderes del Estado, la Contraloría General de la República (CGR) y el Ministerio Público. El mandatario aseguró que esta norma es “un compromiso con cada paraguayo que sueña con un país más transparente y desarrollado”. Sin embargo, las promesas de transparencia suelen chocar con una realidad institucional que las pone a prueba.
Un hito con antecedentes de lentitud
La normativa busca articular una estrategia nacional de lucha contra la corrupción, ampliando las prerrogativas de la CGR para ejercer un mayor control sobre las instituciones del Estado. Según el contralor Camilo Benítez, esta ley es resultado de más de una década de discusiones y desacuerdos políticos. Si bien su promulgación representa un avance, también evidencia el retraso en el desarrollo de políticas de integridad en Paraguay.
Benítez recordó que el proyecto original estaba destinado a la Secretaría Nacional Anticorrupción, organismo que, por carecer de independencia, no pudo ejecutar esta política estatal. Esta situación subraya una constante en Paraguay: la falta de autonomía de las instituciones encargadas de combatir la corrupción, un problema que esta ley busca corregir, pero que requerirá mucho más que palabras y promulgaciones.
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Independencia y eficacia en la Contraloría
Uno de los aspectos más destacados de la ley es que refuerza la independencia de la CGR, impidiendo al Poder Ejecutivo influir sobre los hechos que deben ser auditados. Esto representa un avance significativo, pero también un desafío: ¿podrá la Contraloría ejercer estas nuevas prerrogativas en un entorno donde las prácticas de corrupción están profundamente arraigadas?
Transparencia, asignatura pendiente
La normativa complementa la Ley de Acceso a la Información Pública de 2014, que marcó un hito en la lucha por la transparencia, pero que, según el propio contralor, no fue plenamente cumplida por gobiernos departamentales y otros poderes del Estado. La implementación de la nueva ley enfrentará retos similares: sin un cambio cultural y sin sanciones efectivas, el acceso a la información y el control ciudadano seguirán siendo limitados.
Retórica vs. realidad
El mensaje optimista del presidente Peña contrasta con la historia reciente de Paraguay en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. La corrupción no solo implica desfalcos millonarios, sino también la normalización de prácticas como el clientelismo y el tráfico de influencias. La eficacia de esta ley dependerá de su implementación, de la voluntad política para respetar sus principios y de la capacidad de las instituciones para aplicarla sin interferencias.
Prueba de fuego
La promulgación de la ley es, sin duda, un paso importante. Sin embargo, los desafíos son inmensos: el fortalecimiento institucional, la independencia de los órganos de control y un cambio cultural profundo serán imprescindibles para que la norma no quede solo en papel. Paraguay tiene ahora una herramienta más para combatir la corrupción, pero el verdadero examen estará en cómo se utiliza. El camino hacia un país íntegro y justo no se recorre con discursos, sino con acciones concretas y sostenidas.
