PolíticaDiputados
En los fundamentos, la legisladora explica que, si bien la gestión de intereses existe en la práctica institucional paraguaya, carece de una normativa específica que la controle, lo que genera riesgos de opacidad, conflictos de interés y posibles actos de corrupción que afectan la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas. Por ello, la iniciativa busca transparentar la interacción entre autoridades y representantes de grupos empresariales o sociales.
El texto plantea la creación de un Registro Nacional de Gestores de Intereses, público y gratuito, bajo la administración de la Contraloría General de la República, en coordinación con el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC). La inscripción será obligatoria para toda persona física o jurídica que realice actividades de lobby ante autoridades de los tres poderes del Estado, así como ante entes autónomos o autárquicos. Ese registro deberá detallar la identidad de los gestores, los intereses que representan, sus clientes, los espacios donde operan, la agenda de reuniones y los documentos presentados, todo accesible en línea de manera permanente.
Entre los aspectos más destacados, el proyecto establece una cláusula de "puerta giratoria" que impide a exministros, viceministros, parlamentarios o magistrados superiores inscribirse como gestores de intereses hasta pasados dos años desde que dejen el cargo. También prevé sanciones que van desde apercibimientos escritos hasta multas de entre 50 y 500 jornales mínimos, suspensión temporal o cancelación definitiva del registro e inhabilitación por un máximo de cinco años. En el caso de los funcionarios públicos que no declaren reuniones o acepten beneficios indebidos, se considerará falta grave con posibles responsabilidades administrativas, civiles o penales.
La diputada Vega sostiene que el proyecto toma como referencia las experiencias de países de la región, como Chile, Argentina y Perú, así como los estándares de la Unión Europea y la OCDE, que promueven la regulación del lobby como herramienta para prevenir la corrupción y garantizar la igualdad de condiciones entre los distintos actores sociales y económicos que buscan influir en decisiones públicas.
El texto también crea un Consejo Consultivo de Transparencia en la Gestión de Intereses, integrado por representantes de los tres poderes del Estado, de la sociedad civil y del ámbito académico, encargado de asesorar y monitorear la aplicación de la norma. La exposición de motivos aclara que la implementación no implicará la creación de nuevos organismos ni un impacto presupuestario adicional, ya que los recursos humanos y tecnológicos necesarios podrán ser reasignados dentro del presupuesto vigente.
El MITIC dispondrá de un plazo de hasta doce meses para desarrollar la plataforma digital del registro, con posibilidad de prorrogarse por seis meses adicionales. La ley entrará en vigencia 90 días después de su promulgación, y el Poder Ejecutivo tendrá 180 días para reglamentarla. Con esta iniciativa, la diputada Vega busca institucionalizar un mecanismo que brinde mayor transparencia a las relaciones entre el sector público y los grupos de interés, con el fin de fortalecer la integridad en la gestión estatal y recuperar la confianza ciudadana.
