"Militarización" de la Región Oriental genera división
El legislador sostuvo que la medida se ajusta al marco jurídico vigente y aseguró que responde a la necesidad de fortalecer la lucha contra el crimen organizado y los grupos vinculados al narcotráfico.
El mandatario promulgó el Decreto N.º 5524, que autoriza la utilización de elementos de combate de las Fuerzas Armadas en tareas de defensa interna dentro del territorio definido en la Región Oriental, incluyendo ríos nacionales y fronterizos. La disposición se enmarca en la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna, y habilita a los militares a operar en coordinación con otras fuerzas del Estado para garantizar la seguridad.
Chase explicó que la decisión tiene sustento en la Ley 1337 de 1999, posteriormente modificada por la Ley 5036 del 2013, normas que regulan la actuación de las Fuerzas Armadas en situaciones excepcionales. Indicó además que cuando se asignan nuevas áreas de intervención fuera de las ya establecidas para la Fuerza de Tarea Conjunta, se requiere un decreto específico que delimite funciones y alcance operativo.
Frente a las advertencias sobre un eventual abuso de poder o una supuesta militarización, el parlamentario relativizó esas críticas y afirmó que la principal amenaza para la ciudadanía proviene del crimen organizado. A su criterio, el temor debe centrarse en el avance de las estructuras delictivas y no en la actuación de las fuerzas de seguridad, que —según remarcó— están capacitadas para cumplir el rol que les asigna la normativa.
También rechazó las comparaciones realizadas por algunos sectores opositores que calificaron la medida como un retroceso institucional. Para Chase, los resultados obtenidos en los últimos años en la reducción de la actividad de grupos armados ilegales demuestran que la estrategia ha dado frutos, y atribuyó esos avances al trabajo conjunto de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Fuerza de Tarea Conjunta.
Finalmente, cuestionó a quienes critican el decreto sin, según dijo, contar con todos los datos técnicos y jurídicos. Aseguró que el Poder Ejecutivo dispone de informes y análisis que respaldan la decisión y reiteró que la ampliación del despliegue militar busca consolidar la seguridad interna en departamentos donde persisten focos de actividad criminal.