Mayoría oficialista avanza sobre espacios claves del Estado
La renovación de representantes ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y el Consejo de la Magistratura (CM) volvió a instalar el debate sobre el equilibrio de poderes en Paraguay. Mientras el Senado ya ratificó la continuidad del predominio oficialista en ambos organismos, la atención se traslada ahora a la Cámara de Diputados, donde el cartismo y sus aliados se encaminan a mantener el mismo esquema de poder, pese a los intentos de la oposición por recuperar espacios considerados estratégicos para la independencia del sistema de justicia.
La disputa por los lugares en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y el Consejo de la Magistratura trasciende la simple distribución de cargos. Ambos organismos constituyen piezas fundamentales del sistema judicial paraguayo: el Consejo de la Magistratura tiene la responsabilidad de seleccionar y elaborar ternas para ministros de la Corte Suprema, jueces, fiscales y defensores públicos, mientras que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados analiza la conducta de jueces, fiscales y defensores, pudiendo incluso disponer su remoción cuando corresponda.
Precisamente por ese peso institucional, la integración de estos órganos volvió a convertirse en un escenario de fuerte confrontación política entre el oficialismo y la oposición.
La semana pasada, la Cámara de Senadores terminó consolidando el predominio del bloque cartista al designar a los senadores Mario Varela y Pedro Díaz Verón como representantes titulares ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, mientras que el senador Édgar López fue reelecto como representante ante el Consejo de la Magistratura. Las candidaturas impulsadas por la oposición no lograron reunir los votos suficientes para romper la mayoría oficialista.
La votación generó duras críticas de los sectores opositores, que sostienen que el oficialismo continúa profundizando un proceso de concentración de poder en los organismos extrapoder encargados precisamente de controlar el funcionamiento del sistema judicial.
El senador Rafael Filizzola advirtió que el problema no pasa únicamente por los nombres elegidos, sino por la pérdida del equilibrio institucional que inspiró la creación de estos organismos tras la dictadura. A su criterio, tanto el Consejo de la Magistratura como el Jurado fueron concebidos para impedir la concentración de poder político sobre la Justicia y garantizar procesos transparentes de selección y control de magistrados.
En la misma línea, la senadora Yolanda Paredes sostuvo que la oposición tiene la obligación política de presentar candidatos aun sabiendo que probablemente perderá la votación, ya que considera necesario dejar constancia pública del rechazo al "copamiento" institucional.
También el senador Líder Amarilla cuestionó duramente el mecanismo utilizado por la mayoría oficialista, afirmando que este tipo de decisiones afectan el pluralismo previsto en la Constitución y debilitan la democracia. Por su parte, la senadora Celeste Amarilla criticó que el oficialismo cerrara rápidamente el debate parlamentario aprovechando su amplia mayoría legislativa.
Desde el oficialismo, en cambio, la postura es completamente distinta.
El presidente del Senado, Basilio Núñez, confirmó previamente que Honor Colorado ya había definido a sus candidatos y defendió la continuidad de los actuales representantes, sosteniendo que las designaciones responden a la mayoría obtenida por el Partido Colorado en las urnas. El senador Natalicio Chase también respaldó la elección de Pedro Díaz Verón y Mario Varela para el Jurado, mientras que el propio Varela defendió su continuidad asegurando que su desempeño no recibió cuestionamientos de fondo.
Ahora toda la expectat iva se traslada a la Cámara de Diputados.
Este lunes 6 de julio, a las 14:00, la Cámara Baja celebrará una sesión extraordinaria convocada para tratar los puntos pendientes de la semana pasada, suspendidos tras el feriado nacional decretado por la histórica clasificación de la selección paraguaya. Además, el martes 7 está prevista la sesión ordinaria. Aunque la designación de representantes ante el JEM y el Consejo de la Magistratura aún no figura formalmente en el orden del día, distintas versiones coinciden en que el oficialismo podría incorporar el tratamiento mediante una sesión extraordinaria o un cuarto intermedio, una vez alcanzado el acuerdo político interno.
Dentro de Honor Colorado existe una fuerte tendencia a ratificar a los actuales representantes: Alejandro Aguilera y Diego Candia para el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Édgar Olmedo para el Consejo de la Magistratura. No obstante, algunas versiones indican que todavía persisten negociaciones internas respecto de una eventual modificación en una de esas representaciones, particularmente la correspondiente a Candia.
Frente a ese escenario, la oposición intenta nuevamente construir una candidatura de consenso que le permita recuperar al menos uno de los espacios dentro de estos organismos, aunque reconoce que la amplia mayoría oficialista hace extremadamente difícil modificar el resultado.
El debate adquiere además un contexto especialmente sensible luego de las sucesivas polémicas que golpearon la credibilidad de los organismos extrapoder en los últimos años. Uno de los episodios más recordados fue el caso del exsenador Hernán Rivas, cuya permanencia en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados quedó envuelta en una fuerte controversia por los cuestionamientos a la validez de su título universitario, situación que terminó deteriorando la imagen pública del organismo y reavivando las críticas sobre los mecanismos de selección de sus integrantes.
Ese antecedente es utilizado hoy por diversos sectores de la oposición como argumento para insistir en una integración más plural que fortalezca la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de garantizar la independencia judicial.
Mientras tanto, el oficialismo considera que la representación parlamentaria en estos organismos debe reflejar la correlación de fuerzas surgida de las elecciones nacionales, una postura que mantiene intacta la disputa política sobre el alcance de las mayorías y el equilibrio de poderes dentro del sistema institucional paraguayo.