Crimen organizado

Militar asesinado por sicarios expone fallas estructurales del Estado y decisiones extralimitadas en el sistema judicial, afirman

El asesinato del teniente coronel Guillermo Moral, quien denunció intento de soborno para ingresar un celular a la cárcel de Viñas Cue para el narco Miguel Ángel Insfrán, alias "Tío Rico", puso en evidencia la fragilidad del Estado para proteger a denunciantes y las irregularidades en el manejo penitenciario de criminales de alto perfil.
Cecilia Pérez.

La muerte del teniente coronel Guillermo Moral (44), ejecutado en plena vía pública tras denunciar inteno de sobornos para introducir un celular a la celda de Miguel Ángel Insfran alias "Tío Rico", reveló no solo la fuerza del crimen organizado, sino también las debilidades del sistema judicial y penitenciario paraguayo.

La exministra de Justicia, Cecilia Pérez, explicó en entrevista con el diario El Nacional que la reclusión de "Tío Rico" en Viñas Cue fue una decisión de la jueza Rosarito Montanía, porque en ese momento no existía otra penitenciaría habilitada para albergar a reos de alta peligrosidad.

"Nunca vi que otros jueces hayan tomado estás determinaciones porque justamente está cárcel (Viñas Cue) no es una cárcel que tenga un protocolo normal para personas que no son militares y para personas que son de alta peligrosidad como el caso de esta persona (Tio Rico)", señaló Pérez.

La medida expuso el rol forzado de los militares en tareas de custodia que no les corresponden legalmente. Pese a cumplir la orden judicial, el uniformado Moral terminó siendo víctima de un esquema donde quedó "abandonado a su suerte", sin custodia ni medidas de seguridad, a pesar de que su esposa en ese entonces había denunciado amenazas previas. "A él lo dejaron solo", acusó. Sin embargo, autoridades castrenses aseguran que el teniente coronel no denunció las amenazas. 

Ante esto, Pérez, sostiene que el asesinato de Moral es también una muestra de la falla estructural del Estado en la protección de denunciantes y testigos claves. "Acá no se toma en serio, no se está tomando en serio los riesgos de las personas. Él estaba en riesgo y está la jueza del caso A Ultranza, está el fiscal, están en riesgo las personas que participaron en este esquema porque hay más militares que apoyaron la denuncia del teniente coronel Moral, están los que trabajaron en la Senad. Todas estás personas están en peligro", advirtió.

La exministra subrayó que el crimen fue un mensaje de amedrentamiento: "Se hizo a plena luz del día, en un barrio concurrido, frente a todos. El mensaje es claro: nadie más debe animarse a hacer lo que hizo Moral".

Finalmente, cuestionó que incluso la cárcel de Minga Guazú, considerada de máxima seguridad, "no funciona como tal", ya que en recientes allanamientos se detectaron numerosos objetos prohibidos en celdas, lo que refleja que ni las instituciones penitenciarias más estrictas cumplen los protocolos de seguridad.