Más dudas que certezas en el nuevo acuerdo migratorio con Estados Unidos
El Gobierno de Paraguay y representantes de Estados Unidos firmaron una ampliación del acuerdo migratorio bilateral que permitirá, por primera vez, un rol activo de Paraguay en la recepción y gestión de migrantes que no son admitidos por las autoridades migratorias estadounidenses, sumando un capítulo más a una relación estratégica que ya incluye cooperación en seguridad y comercio. Este nuevo convenio, que expande el memorando de entendimiento original de 2025, plantea profundas implicancias políticas, sociales y diplomáticas para Paraguay y su papel en la política migratoria regional y hemisférica.
De qué se trata la ampliación del acuerdo migratorio
La ampliación firmada entre el canciller Rubén Ramírez Lezcano y funcionarios de la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE.UU. extiende la cooperación migratoria establecida en un memorando de entendimiento firmado en agosto de 2025. Ese documento, parte de un programa conocido como "Tercer País Seguro", habilita a Paraguay a ser un país en el que personas que buscan asilo en Estados Unidos puedan presentar y tramitar sus solicitudes de protección internacional en territorio paraguayo, en lugar de hacerlo en el propio país norteamericano.
La ampliación no ha sido detallada públicamente en todos sus puntos, pero el comunicado oficial indica que la cooperación se extiende para permitir que personas rechazadas en controles migratorios de Estados Unidos —incluyendo potencialmente a quienes no son admitidos por diversas razones— puedan ser "reconducidos a sus países con la ayuda de Paraguay". No está claro si esto incluye deportados o solo quienes son rechazados en el paso fronterizo o puntos de control migratorio, generando dudas sobre la naturaleza exacta del traslado y su responsabilidad legal y humanitaria.
Cómo funciona el acuerdo original y qué se espera de la ampliación
El acuerdo original firmado en agosto de 2025 crea un marco mediante el cual solicitantes de asilo que se encuentran en Estados Unidos pueden ser transferidos a Paraguay para que su solicitud de protección se evalúe allí. Esto forma parte de una estrategia estadounidense más amplia para gestionar y reducir la presión migratoria en sus fronteras, compartiendo la responsabilidad de la evaluación de casos con países terceras que se consideran "seguros" para recibir y decidir sobre estas solicitudes.
La ampliación de este memorando de entendimiento, aunque aún falta especificar todos sus términos, parece reforzar ese mecanismo de colaboración y extender su alcance. Esto incluiría mayores canales logísticos y administrativos para la recepción de personas, lo que obliga a Paraguay a adaptar sus propias autoridades y procedimientos migratorios a una función con alto impacto operativo en la práctica.
Rol de las autoridades paraguayas y filtro de ingreso
Fuentes diplomáticas señalan que la Comisión Nacional para Apátridas y Refugiados (CONARE) actuaría como "filtro" para evaluar cada caso individualmente, decidiendo quién puede ingresar o permanecer en Paraguay bajo criterios de protección internacional conforme al derecho nacional e internacional. Esta instancia sería clave para garantizar que quienes llegan bajo este acuerdo no sean automáticamente alojados ni asumidos como refugiados sin un análisis técnico y legal previo.
Argumentos oficiales y postura del Gobierno
Desde el Ejecutivo paraguayo se defiende que el acuerdo no implica una obligación de aceptar un número determinado de migrantes, ni compromete recursos financieros adicionales por parte de Paraguay más allá de su capacidad técnica y presupuestaria. Las autoridades sostienen que la CONARE mantendrá soberanía en cada decisión, evaluando caso por caso conforme a la legislación vigente. El memorando, al no ser un tratado internacional sino un entendimiento entre gobiernos, no exige ratificación por parte del Congreso paraguayo, lo cual ha sido objeto de debate político.
Críticas, controversias y preocupaciones
La oposición política y diversos sectores han expresado inquietudes significativas. Algunos críticos sostienen que la falta de beneficios concretos para Paraguay y la ausencia de obligación financiera podrían colocar al país en una posición subordinada, actuando más como una extensión de la política migratoria estadounidense que como socio equilibrado. El senador opositor Rafael Filizzola llegó a afirmar que el acuerdo convierte a Paraguay en un "Estado vasallo", señalando que el país no obtendría ventajas claras más allá de una colaboración simbólica en la gestión migratoria hemisférica.
También hay preocupación sobre la falta de claridad en cuanto a las categorías de personas que serían trasladadas: si se trata exclusivamente de solicitantes de asilo o también de migrantes rechazados por otros motivos, lo que podría incluir antecedentes penales o situaciones complejas. La ambigüedad respecto a la participación de deportados o rechazados sin proceso de asilo ha generado cuestionamientos sobre el respeto a derechos humanos y la capacidad del país para gestionar adecuadamente casos sensibles.
¿Qué beneficios o riesgos trae para Paraguay?
Entre los posibles beneficios está el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y estratégicas con Estados Unidos, un socio clave en comercio, seguridad y cooperación regional. El acuerdo puede ser visto como una señal de confianza y cooperación reforzada, potencialmente abriendo puertas para apoyo en otros ámbitos.
Sin embargo, los riesgos son claros: Paraguay podría verse obligado a asumir responsabilidad operativa en un proceso migratorio complejo sin recursos suficientes, enfrentando presiones internas por aumento de población migrante, costos de alojamiento y seguimiento de solicitudes de asilo, así como la gestión de casos que Estados Unidos decida transferir. Además existe la percepción de que esto puede afectar la soberanía nacional si no se establecen límites claros o garantías suficientes para tomar decisiones autónomas y proteger los derechos humanos de los individuos involucrados.
