"Mafia de los Pagarés" va camino a la impunidad, lamentan
La Comisión Permanente mantuvo un encuentro con ministros de la Corte Suprema de Justicia para exigir avances concretos frente al esquema conocido como la "mafia de los pagarés", una trama de supuestas estafas que habría afectado a miles de trabajadores. Durante la reunión, parlamentarios reclamaron mayor celeridad en auditorías, sumarios y medidas de protección a las víctimas, al tiempo que expresaron preocupación por la continuidad en el ejercicio profesional de abogados bajo investigación.
La senadora Esperanza Martínez, del Partido Participación Ciudadana, fue una de las voces más críticas. Recordó que los primeros pedidos de auditoría se realizaron en mayo del año pasado, pero que, según los informes remitidos por la propia Corte, recién entre noviembre y enero comenzaron a ejecutarse acciones concretas. A su criterio, el tiempo transcurrido debilitó la señal institucional que debía darse ante un caso de alto impacto social.
La legisladora insistió en que el Poder Judicial debe elaborar un inventario integral de las causas vinculadas al esquema, que se estiman en más de 35.000 expedientes, y propuso que sean tratadas bajo la categoría de delitos económicos para permitir una respuesta más coordinada y estructural. También advirtió que muchas denuncias por usura, falsificación y otros hechos punibles no avanzan si no forman parte de auditorías formales o procesos ya abiertos.
Uno de los puntos más sensibles del debate fue la situación de abogados sometidos a sumarios administrativos. Martínez cuestionó que algunos profesionales continúen ejerciendo mientras se sustancian los procesos disciplinarios. Mencionó casos puntuales en los que, pese a estar bajo investigación, los implicados habrían seguido promoviendo acciones judiciales. "No puede ser que los sumarios se prolonguen por tanto tiempo sin medidas preventivas claras", sostuvo, al tiempo de describir el fuerte impacto emocional que le dejaron los testimonios de las víctimas, muchas de ellas con múltiples juicios derivados de la firma de un solo pagaré.
Desde la Corte Suprema, la ministra Carolina Llanes respondió que las auditorías requieren precisión técnica y que no se puede actuar sin identificar causas específicas. Señaló que existen controles impulsados tanto por la Fiscalía como por el propio Consejo de Superintendencia y aseguró que diariamente se realizan actuaciones relacionadas con el caso. En cuanto a las suspensiones de matrículas profesionales, remarcó que deben estar respaldadas por fundamentos sólidos para evitar eventuales responsabilidades legales contra los propios ministros.
El ministro Manuel Ramírez Candia admitió que el escándalo ha afectado la credibilidad del Poder Judicial y reconoció que participaron jueces y funcionarios en la materialización del esquema. Afirmó que, aunque las acciones adoptadas puedan parecer insuficientes, se han ajustado a los límites que impone la normativa vigente. Explicó además que las auditorías de gestión implican la revisión de miles de expedientes y que, en paralelo, se han abierto más de 200 sumarios administrativos.
Según datos oficiales expuestos durante la reunión, actualmente hay 10 magistrados sumariados, de los cuales cuatro renunciaron; dos cuentan con suspensión preventiva y una magistrada fue destituida por el Jurado de Enjuiciamiento. También figuran 122 oficiales de justicia bajo sumario, 22 actuarios judiciales, 19 ujieres y 28 abogados, con distintas sanciones que incluyen suspensiones y cancelaciones de matrícula. Todos los antecedentes, indicaron, fueron remitidos tanto al Jurado de Enjuiciamiento como al Ministerio Público.
El encuentro también estuvo marcado por un cuestionamiento político. El diputado Billy Vaesken (PLRA) reclamó explicaciones sobre una reunión que ministros de la Corte mantuvieron el año pasado en Mburuvichá Róga con el presidente Santiago Peña y el titular de la ANR, Horacio Cartes. A su juicio, el carácter no informado del encuentro afecta la percepción de independencia institucional, especialmente en medio de una crisis que golpea la confianza ciudadana.
Vaesken recordó que, cuando se planteó la posibilidad de impulsar juicios políticos contra ministros, él mismo defendió públicamente que no era el momento adecuado, en un contexto que describió como de fuerte concentración de poder en los órganos extrapoderes. Sin embargo, sostuvo que cualquier reunión entre poderes del Estado debe ser pública y transparente, más aún cuando el sistema judicial atraviesa cuestionamientos por su actuación en un caso de gran sensibilidad social.
Desde distintos sectores de la oposición insistieron en que la prioridad es restablecer la confianza de las víctimas y garantizar que el proceso disciplinario y penal avance sin interferencias. La llamada "mafia de los pagarés" se ha convertido en uno de los episodios más delicados para la imagen del Poder Judicial en los últimos años, y la presión política apunta ahora a acelerar decisiones que demuestren un compromiso efectivo con la depuración interna y la protección de los afectados.