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Tras la reunión, aseguró que recibió una respuesta positiva y un compromiso de celeridad por parte de los magistrados, quienes —según afirmó— manifestaron interés en acompañar la iniciativa.
El legislador destacó que su propuesta apunta a que la Justicia se involucre de manera más firme en la lucha contra un mal que, en sus palabras, deja "víctimas silenciosas" en forma de niños sin acceso a la educación, pacientes sin medicamentos y comunidades expuestas a la inseguridad.
El plan legislativo contempla un aumento de las condenas para figuras como la lesión de confianza en el ejercicio de la función pública, que pasaría de un máximo actual de diez años de prisión a quince. También prevé mayores sanciones para casos de enriquecimiento ilícito y asociación criminal. Centurión citó ejemplos de países como Chile, Uruguay y Panamá, donde la elevación de penas se acompañó de reformas institucionales y controles ciudadanos, logrando avances en la reducción de la impunidad.
El parlamentario sostuvo que contar con un dictamen favorable del máximo tribunal será clave para destrabar el tratamiento en Diputados, donde el proyecto ya fue debatido durante un año y sufrió varias modificaciones. "Con ese respaldo será difícil que alguien se oponga en el pleno", señaló.
Además, reconoció que los ministros de la Corte coincidieron en que la impunidad es uno de los mayores problemas estructurales del país. Sin embargo, advirtió que la falta de recursos presupuestarios limita el funcionamiento del sistema judicial y la labor de fiscales e investigadores. Por ello, adelantó que desde la Comisión Bicameral de Presupuesto también impulsará un acompañamiento financiero que permita dotar de mejores condiciones a la administración de justicia.
Centurión insistió finalmente en que la propuesta busca enviar un mensaje claro a la ciudadanía: que la política debe estar del lado de quienes cumplen la ley y no de quienes abusan de la función pública para enriquecerse.
