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La iniciativa apunta a subrayar el rol decisivo de estos profesionales en el desarrollo productivo, social y ambiental, desde la investigación y la innovación tecnológica hasta la mejora de la productividad agrícola, la seguridad alimentaria y el uso sostenible de los recursos naturales.
El texto sostiene que la fecha propuesta busca visibilizar el aporte del sector a un país más competitivo y próspero, en armonía con el ambiente y con beneficios tangibles para las generaciones presentes y futuras. A la vez, plantea que la declaración funcione como un reconocimiento institucional al compromiso y la dedicación de quienes sostienen, con conocimiento y trabajo, al campo como motor de desarrollo.
El proyecto también insta a que las instituciones públicas y privadas, así como los empleadores del rubro, cumplan estrictamente con la Ley 2386 sobre el arancel profesional del ingeniero agrónomo, garantizando una remuneración justa y el respeto a la práctica profesional.
La propuesta será analizada en la Comisión de Peticiones, Poderes, Reglamento y Redacción antes de su eventual tratamiento en el pleno de la Cámara de Diputados. Según sus impulsores, la declaración no solo tendría un valor simbólico, sino que podría fortalecer políticas y acciones concretas para jerarquizar la profesión y acompañar los desafíos del sector agropecuario.
