PolíticaConferencia de prensa
El senador Rafael Filizzola, en conferencia de prensa junto a otros diputados y senadores, anunció la presentación de la denuncia contra el jefe de Estado, mencionando presunto enriquecimiento ilícito en la función pública, lavado de dinero, tráfico de influencias y administración en provecho propio y abuso de poder.
Filizzola mencionó que el patrimonio del mandatario aumentó un 1.603% en seis años, pasando de ₲ 1.351 millones en 2017 a ₲ 23.024 millones en 2023, "sin justificación documental suficiente". Según la denuncia, parte de ese crecimiento se vincula a acciones y bonos en empresas que posteriormente recibieron más de G. 992.000 millones en depósitos estatales, especialmente del Instituto de Previsión Social (IPS).
Asimismo, se menciona el escándalo de los sobres de dinero, que gira en torno a los hechos revelados por Luz Candado, extrabajadora de la residencia presidencial, quien declaró haber entregado sobres con aproximadamente USD 200.000 en efectivo al presidente en Mburuvicha Róga.
Según su testimonio, personas civiles fueron sometidas a polígrafo y posteriormente despedidas sin acceso a una defensa, esto "podría configurar abuso de poder y coacción".
A esto se suma el caso de una camioneta Toyota Land Cruiser presuntamente vinculada a empresas proveedoras del Estado (Real Viviendas EAS, Decorapar S.A., Pupitres de Oro), hecho que también debe ser objeto de investigación.
Al respecto, la diputada Johanna Ortega agregó: "El testimonio de Luz Candado fue la gota que colmó el vaso. No podemos aceptar sobres con dinero sin explicación ni que se someta a polígrafo a civiles y luego se los despida sin acceso a la defensa. El pueblo tiene derecho a saber de dónde proviene la fortuna de Peña, cuando millones de paraguayos no acceden a salud, educación, muchas veces ni un plato de comida, jóvenes que no pueden viajar a representar al país mientras el presidente gasta ponchada de plata en sus giras por el mundo.
También el diputado Raúl Benítez indicó que "si el Ministerio Público investiga más rápido a estudiantes que protestan que a un presidente por millones sin justificar, la justicia se vuelve cómplice. No venimos a atacar instituciones: venimos a exigir que funcionen", agregó.
Los legisladores recordaron que el Poder Legislativo tiene el deber constitucional de actuar como contrapeso, especialmente cuando los organismos de investigación no cumplen su función.
Afirmaron que la transparencia y la probidad no son un gesto de buena voluntad, sino una obligación legal y ética de todo servidor público. "Es sumamente urgente recuperar la confianza en las instituciones, poniendo fin a la impunidad y garantizando justicia y transparencia", aseveró la senadora Esperanza Martínez.
