Legisladores analizarán cortar subsidio a transportistas
El titular del gremio que aglutina a los empresarios del transporte del área metropolitana, César Ruiz Díaz, lanzó una advertencia que ya suena repetida: la posibilidad de un "paro natural" del servicio o una profundización de las reguladas, alegando que el Estado les adeuda alrededor de 9,4 millones de dólares en concepto de subsidio. Esta presión coincide con un proyecto que será debatido el martes en la Cámara de Diputados y que propone redireccionar los fondos públicos directamente a los pasajeros, en vez de seguir depositándolos en manos de los empresarios del sector.
En un discurso que se ha vuelto costumbre cada cierto tiempo, Ruiz Díaz justificó el eventual corte del servicio afirmando que la falta de fondos hace "inviable" la salida de buses. Sin embargo, más allá de los reclamos empresariales, los únicos que verdaderamente soportan las consecuencias de esta disputa son los usuarios, que día a día deben lidiar con un sistema de transporte deficiente, marcado por las reguladas y el incumplimiento de frecuencias.
El Gobierno, por su parte, tampoco está libre de responsabilidad. Pese a contar con el sistema de billetaje electrónico, que le permitiría fiscalizar de forma precisa el cumplimiento de las obligaciones de los permisionarios, opta por una actitud permisiva que termina beneficiando a los empresarios, que en su mayoría operan sin controles reales ni sanciones efectivas.
Este escenario de connivencia entre el oficialismo y las empresas del transporte podría quedar en evidencia durante la próxima sesión ordinaria de la Cámara Baja, donde figura como cuarto punto el tratamiento del proyecto de ley impulsado por el liberal Adrián "Billy" Vaesken. La propuesta busca transformar la lógica del subsidio estatal: en lugar de otorgarlo a las empresas, los recursos se destinarían directamente a los usuarios, quienes, a través de su elección, premiarían con su preferencia a las firmas que ofrezcan un mejor servicio.
Además, el proyecto incorpora una cláusula que habilita una ayuda económica mínima para usuarios que recurren a plataformas digitales como Uber, MUV o Bolt, especialmente en horarios nocturnos, cuando la ausencia de colectivos es más notoria.
Pese al impulso de esta iniciativa, su futuro es incierto. Las comisiones parlamentarias de Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones y la de Asuntos Económicos y Financieros -ambas con mayoría oficialista- ya emitieron dictámenes desfavorables. Si bien el Congreso tiene la oportunidad de romper con una histórica dependencia hacia empresarios que lucran con el subsidio sin garantizar un servicio digno, las señales políticas apuntan a que, una vez más, el peso del lobby empresarial podría inclinar la balanza.