El deporte como política pública en el Paraguay reconoce el derecho a la práctica de las distintas disciplinas deportivas, a la representatividad de las entidades, su autonomía y la libertad de asociación, y se inspira en los principios de descentralización y de participación de sectores públicos y privados. Los atletas nacionales son el bastión de orgullo de una Nación y las instituciones tienen la obligación de fomentar y velar por la preparación de jóvenes talentos, sin que actos poco transparentes manchen el ámbito más relevante para el desarrollo de las sociedades humanas.
No debemos permitir que actos de corrupción irrumpan, también, los organismos deportivos que tienen la responsabilidad de llevar adelante la inmensa tarea de inspirar a niños y jóvenes. La Ley 2874 Del Deporte, promulgada el año 2006, dice claramente que el Estado debe promover los deportes, en especial los de carácter no profesional, que estimulen la educación física, brindando apoyo económico y exenciones impositivas a establecerse en la ley. Igualmente, estimulará la participación nacional en competencias internacionales.
Este misma Ley creó la Secretaría Nacional de Deportes (SND) -organismo público dependiente del Poder Ejecutivo- con la finalidad de implementar y reglamentar dicha legislación, para lo cual debe proponer una política nacional de deportes, promover la cultura y práctica deportiva, asignar recursos y supervisar las entidades deportivas en todo el territorio nacional, incluyendo acciones en municipios y gobernaciones. Justamente, a través de esta legislación, se creó el Fondo Nacional de Desarrollo del Deporte, que debe ser utilizado para la construcción de instalaciones deportivas, para la ejecución de los planes estratégicos de las federaciones deportivas y el Comité Olímpico Paraguayo, y para los planes de entrenamiento de los atletas en todos los niveles. Estos recursos muchas veces no llegan al objetivo: el deportista.
El gobierno compartido entre la Secretaría Nacional de Deportes y las federaciones deportivas o el Comité Olímpico Paraguayo, ocurre a través de la subvención pública, que es el medio que utiliza el Estado para promover el deporte en Paraguay. Sin embargo, existen 261 administraciones municipales en el territorio nacional; pero ¿cuántas tienen Secretarías de Deporte? ¿Se está trabajando de forma sistémica y coordinada con la Secretaría Nacional de Deportes? ¿Existe transparencia tanto en cuestiones administrativas como en gestión de atletas?
Urge intervenir ante posibles injusticias y arbitrariedades. Próximamente se desarrollarán en nuestro país los Juegos Suramericanos, y empresas privadas ya están reclamando licitaciones poco claras con un sinfín de trabas en el pliego de bases y condiciones. Evitemos que actos como este marquen un hecho que debe posicionar a Paraguay como un correcto anfitrión en el escenario deportivo internacional.
La política deportiva es un derecho y contribuye en el desarrollo humano y social. Sin embargo, muchas instituciones la quieren manejar de manera corrupta y mediocre, de forma corporativa, dentro del amiguismo, sin reglas claras. Una institución con políticas de Estado que corresponden a este nuevo tiempo no puede estar manejada con viejas prácticas. La iniciativa de la Ley -cuya reforma institucional se inicia con la creación de la Comisión de Deportes en la Cámara de Diputados- fue pensada con el objetivo de llenar un vacío existente en la gestión deportiva del país, no para que autoridades de turno y titulares de Federaciones la manipulen a su antojo o la conviertan en negocio personal. No debería caer en manos de personas sin idoneidad, sin compromiso con el deporte y menos sin ética.
D.D.W-S
