PolíticaAsamblea general
El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), José Roberto Dutriz, lanzó un fuerte llamado a defender la libertad de expresión durante la Asamblea General realizada en Punta Cana. En un discurso enérgico, advirtió que la región atraviesa un "declive democrático" con gobiernos autoritarios, censura creciente y condiciones cada vez más precarias para ejercer el oficio.
"Vivimos un panorama de resentimiento, estigmatización, restricciones judiciales y violencia persistente que obliga a muchos colegas a ejercer su oficio en el exilio", expresó Dutriz al inaugurar el encuentro que reunió a más de 200 representantes de medios y organizaciones de prensa del continente.
El titular de la SIP destacó el trabajo de las misiones internacionales que acompañan a periodistas agredidos y documentan violaciones a la libertad de prensa. También alertó sobre el impacto de la inteligencia artificial en la propagación de desinformación y sobre la necesidad de garantizar la sostenibilidad económica de los medios: "La libertad de prensa también se defiende asegurando la viabilidad del periodismo independiente", sostuvo.
Ecos de censura y resistencia en el continente
Dutriz denunció la criminalización del periodismo en países como Cuba, Nicaragua, Venezuela y El Salvador, donde —según dijo— "los medios independientes fueron clausurados y la prensa libre convertida en delito". También mostró preocupación por la "deriva peligrosa" en Estados Unidos, donde las tensiones políticas derivaron en ataques y amenazas a licencias de radiodifusión.
El presidente de la SIP advirtió que los gobiernos se valen del caos informativo para desacreditar a los medios y manipular la opinión pública. Propuso fortalecer la alfabetización mediática, la cooperación internacional y los estándares éticos del oficio. "El periodismo está herido, sí, pero no derrotado. Sin prensa libre no hay democracia posible", concluyó entre aplausos.
Paraguay: una libertad bajo fuego
Mientras la SIP alerta sobre un deterioro generalizado en la región, Paraguay atraviesa su propio momento de riesgo. En octubre se cumplió un nuevo aniversario del asesinato del periodista Pablo Medina, ocurrido el 16 de octubre de 2014. A once años de aquel crimen que estremeció al país, el recuerdo de Medina sigue siendo una herida abierta y un espejo de las deudas del Estado con la libertad de prensa.
Medina, corresponsal de ABC Color en Canindeyú, fue emboscado y asesinado junto a su asistente Antonia Almada, de 19 años. Las investigaciones revelaron que el crimen fue ordenado por Vilmar "Neneco" Acosta, entonces intendente de Ypejhú, vinculado al narcotráfico. Aunque el caso culminó con condenas, la impunidad estructural y la protección política a redes criminales siguen intactas.
En el Senado, varios legisladores recordaron el aniversario del atentado y coincidieron en que "el narcotráfico goza de buena salud", como advirtió el senador Pedro Santa Cruz, señalando que las mafias siguen infiltradas en el poder.
Una historia marcada por el miedo y la impunidad
El asesinato de Medina no fue un hecho aislado. Desde el retorno a la democracia, más de 20 periodistas paraguayos fueron asesinados, la mayoría en zonas fronterizas. Entre los casos emblemáticos figura el de Santiago Leguizamón, asesinado en 1991 en Pedro Juan Caballero, otro crimen ligado al contrabando y la corrupción política.
La Federación Internacional de Periodistas (FIP) y el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) denuncian que, además de los homicidios, persisten agresiones, amenazas y atentados contra comunicadores en todo el país. Solo en las últimas semanas se registraron tres ataques armados a viviendas y vehículos de periodistas en el área metropolitana y el interior.
Estas agresiones reavivaron los reclamos para que el Congreso apruebe la Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, un proyecto que lleva años de postergaciones pese a contar con dictámenes favorables.
Una ley que no llega
El proyecto, impulsado por el SPP y respaldado por organismos internacionales, propone crear un sistema nacional de protección, con protocolos de respuesta ante amenazas, un fondo para asistencia legal y un equipo técnico para monitorear agresiones. Sin embargo, el tratamiento fue nuevamente aplazado por el Senado, lo que generó indignación en los gremios.
El senador Mario Varela aseguró que existe consenso político para aprobar la iniciativa, aunque reconoció trabas burocráticas en las comisiones legislativas. Desde el oficialismo, algunos sectores pidieron "no mezclar" el proyecto con la defensa de otros grupos de derechos humanos, mientras el cartismo busca limitar el alcance del texto.
Mientras tanto, los periodistas siguen expuestos, trabajando sin garantías reales y con un Estado que no responde a tiempo.
Sin protección, no hay democracia
La SIP advirtió que el deterioro de la prensa en América es un síntoma del debilitamiento democrático. Paraguay, pese a haber vivido uno de los asesinatos más simbólicos del continente, aún carece de un marco sólido para proteger a quienes informan.
El legado de Pablo Medina y Santiago Leguizamón sigue recordando que el silencio impuesto por las balas es la forma más brutal de censura. A once años de aquel crimen, el periodismo paraguayo sigue de pie, herido pero no rendido, resistiendo en un país donde informar puede costar la vida.
