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El debate sobre la reforma del sistema previsional volvió a instalarse con fuerza en la arena política y esta vez alcanzó de lleno a la caja de jubilaciones de los parlamentarios.
La senadora Esperanza Martínez adelantó que impulsará un proceso de discusión amplio, con la participación de especialistas nacionales e internacionales, para analizar de manera integral todas las cajas previsionales. En ese marco, sostuvo que la jubilación parlamentaria no puede seguir funcionando como un esquema aislado y planteó que debería integrarse a un sistema único, que contemple la trayectoria laboral completa de cada persona, incluso cuando haya aportes realizados en distintos sectores del Estado o en la actividad privada.
La legisladora argumentó que el rol parlamentario no deja de ser una forma de trabajo y que, por lo tanto, los aportes y las expectativas de jubilación deberían construirse sobre la base de toda la vida laboral. Como ejemplo, mencionó su propia experiencia previa en la función pública, remarcando que no resulta razonable fragmentar los años de aporte según el cargo ocupado en distintos momentos. Para Martínez, el corazón del problema es de diseño estructural y no se resuelve con retoques parciales o medidas aisladas.
En relación con los pedidos que apuntan directamente a eliminar la caja parlamentaria, la senadora consideró que muchas veces se trata más de consignas políticas que de propuestas técnicamente viables. No obstante, dejó en claro que coincide en la necesidad de terminar con cualquier trato preferencial. En ese sentido, se mostró a favor de elevar la edad mínima de jubilación de los legisladores de 55 a 65 años, aunque advirtió que ese cambio, por sí solo, no alcanza para corregir las distorsiones del sistema.
La discusión también encontró eco en la senadora Celeste Amarilla, quien coincidió en que aumentar la edad mínima es un paso razonable, especialmente teniendo en cuenta las características del trabajo parlamentario. A su criterio, a diferencia de otras actividades con alto desgaste físico o mental, la labor legislativa no presenta riesgos que justifiquen un retiro anticipado, por lo que no ve inconvenientes en que los legisladores permanezcan más tiempo en actividad antes de jubilarse.
Amarilla, sin embargo, subrayó que la reforma no puede limitarse a una sola variable y que es necesario analizar el conjunto del sistema previsional con criterios de equidad. Señaló que cualquier modificación debe contemplar las diferencias entre tipos de trabajo, pero sin convertir a los parlamentarios en una excepción permanente dentro del esquema jubilatorio.
En paralelo, desde la conducción del Congreso también surgieron planteamientos en la misma línea de "dar el ejemplo". El titular del Legislativo fue variando su postura pública sobre la edad mínima para el retiro de los legisladores —primero habló de 57 años, luego de 60— hasta anunciar su respaldo a un proyecto presentado anteriormente en Diputados que propone fijar el umbral en 65 años. La iniciativa volvió a cobrar fuerza en medio de la presión social y gremial que rodea a la reforma fiscal.
El cruce de posiciones deja en evidencia que la discusión sobre la jubilación parlamentaria ya no puede quedar al margen del debate previsional más amplio. Mientras avanza la polémica por los cambios que afectan a docentes y otros sectores, la oposición busca instalar la idea de que la credibilidad de cualquier reforma pasa, necesariamente, por revisar los privilegios de la clase política y someterlos a las mismas reglas que rigen para el resto de los trabajadores.
