El abogado que los representa, Rubén Aguilar, señaló que la deuda supera los 12 millones de dólares y afecta a aproximadamente mil personas.
Aguilar expresó su profunda preocupación ante la alarmante situación financiera de la empresa y la falta de un plan de gestión visible. Según el letrado, la recaudación de la estatal se ha desplomado en los últimos años por la retirada de clientes y los continuos robos de cables, lo que ha erosionado gravemente la cuenta de resultados. También criticó que la iniciativa legislativa de reordenamiento impulsada por el diputado José Rodríguez no contemplara inicialmente a los jubilados, lo que motivó que estos trabajadores estén diseñando ahora una propuesta alternativa que presentarán el 29 de octubre.
El abogado recordó además que la empresa estatal aún arrastra una deuda histórica cercana a los 52 millones de dólares que varias entidades públicas mantienen desde los tiempos de la antigua Antelco. A pesar del escenario crítico, Aguilar sostuvo que la compañía filial de fibra óptica aún conserva un potencial significativo. "La empresa estatal y su filial se necesitan mutuamente; con respaldo del Gobierno y una administración eficiente pueden volver a ser referentes en el sector de las telecomunicaciones en el país", concluyó.