Jubilación parlamentaria, más VIP que nunca
La sesión extraordinaria arrancó a las 08:30 con este punto en agenda y dejó una señal política clara: antes de avanzar sobre el ajuste que afecta a miles de trabajadores del sector público, el Legislativo se ocupó de su propio sistema previsional.
El proyecto aprobado modifica la ley que regula el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Legislativo, pero sin desmontar su carácter excepcional. La media sanción mantiene un régimen diferenciado para los parlamentarios, con reglas de acceso y niveles de beneficio muy por encima de los que se discuten para el resto de los funcionarios públicos. La jubilación extraordinaria quedó fijada en 55 años de edad con apenas 10 años de aporte, equivalentes a dos periodos parlamentarios, con un haber del 60% de la dieta y los gastos de representación. La jubilación ordinaria se estableció a los 60 años con 15 años de aporte, tres periodos legislativos, y un haber del 80%.
En materia de aportes, el texto aprobado eleva la contribución de los legisladores del 22% al 24% y aumenta el descuento a jubilados del régimen parlamentario del 11% al 14%. No obstante, se mantiene una ventaja clave frente a otros sistemas previsionales: la posibilidad de retirar la totalidad de los aportes realizados en caso de no acceder a la jubilación, una opción inexistente para la mayoría de los trabajadores del Estado.
Uno de los ejes del discurso oficialista fue la promesa de que la Caja Parlamentaria no tendrá aporte estatal. Sin embargo, la media sanción no incluyó una prohibición expresa de que el Estado cubra eventuales déficits futuros. Además, el esquema aprobado conserva a cargo del presupuesto público los gastos administrativos y del personal que gestiona la caja, un punto que volvió a alimentar cuestionamientos sobre la real independencia financiera del sistema.
En cuanto a las pensiones, Diputados introdujo cambios que fueron presentados como señales de austeridad. Se eliminó a los hijos como beneficiarios y se dejó únicamente al cónyuge, reduciendo además el porcentaje de la pensión derivada del 40% al 25%. Pese a estos ajustes, el núcleo del régimen jubilatorio parlamentario se mantiene intacto, con haberes elevados y condiciones de acceso más favorables que las que se debaten para docentes, magistrados y otros sectores del sector público.
Durante el debate también se descartó la incorporación de funcionarios administrativos del Congreso a la Caja Parlamentaria, una posibilidad que había generado alarma en versiones previas del proyecto. El fondo quedará reservado exclusivamente para legisladores en ejercicio y parlamentarios jubilados, preservando así el carácter cerrado y corporativo del sistema.
La decisión de avanzar con la jubilación parlamentaria en una jornada atravesada por protestas, represión y un conflicto abierto con el magisterio reforzó las críticas sobre un doble estándar en el proceso de reformas. Mientras a otros sectores se les exige trabajar más años y aceptar menores beneficios, los legisladores mantuvieron un régimen propio que sigue siendo uno de los más ventajosos del sistema previsional.
Con la media sanción consumada, el proyecto pasa ahora al Senado. Pero el mensaje político ya quedó instalado: en medio de una crisis previsional y social, la jubilación parlamentaria continúa siendo un símbolo de privilegio, con cambios parciales que no alteran su esencia y que vuelven a colocar al Congreso bajo la lupa de la ciudadanía.