JEM analiza desafuero de jueza salpicada por presunta red de certificados falsos
La causa vuelve a golpear al sistema judicial y profundiza el escándalo por la supuesta manipulación de antecedentes académicos para favorecer candidaturas a cargos públicos.
La comunicación remitida al órgano extrapoder abre ahora la posibilidad de que el JEM habilite el avance del proceso penal impulsado por el Ministerio Público. Si el desafuero prospera, el juzgado penal de garantías de Asunción quedará en condiciones de admitir formalmente la imputación y continuar con las diligencias investigativas.
La pesquisa encabezada por el fiscal Leonardi Guerrero expone un presunto esquema montado para alterar la puntuación de postulantes en concursos vinculados al Consejo de la Magistratura mediante la incorporación de certificados y constancias académicas presuntamente adulteradas o directamente inexistentes.
De acuerdo con los elementos reunidos por la Fiscalía, uno de los ejes de la investigación apunta al funcionario Rafael Prieto Quintana, encargado del área de Archivo del Consejo, quien habría recepcionado e incorporado documentos académicos posteriormente cuestionados por carecer de autenticidad. Entre los involucrados aparecen además la exactuaria judicial Shirley Paola Irala Leite, el exasistente fiscal Adán Fredy Rolón Villarreal y el exjuez Mario Brítez Ruiz Díaz, todos igualmente imputados dentro de la misma causa.
Los investigadores sostienen que varios de los certificados habrían sido elaborados tomando como base documentos originales pertenecientes a terceros. La hipótesis señala que Tomás Rodrigo Ávalos Sanabria, funcionario de la Escuela Judicial, habría tenido acceso a uno de esos certificados legítimos y posteriormente lo habría utilizado para producir copias destinadas a inflar el currículum de postulantes que competían por integrar ternas y acceder a cargos dentro del sistema judicial.
Las sospechas se profundizaron cuando el Consejo de la Magistratura exigió la presentación de los documentos originales y los concursantes no pudieron justificar la autenticidad de los antecedentes incorporados. En el caso específico de la magistrada Librada Beatriz Peralta Céspedes, la investigación refiere que varias constancias académicas presentadas no aparecen registradas oficialmente y contienen firmas idénticas, un detalle que encendió las alarmas sobre una eventual falsificación seriada.
El caso genera fuerte impacto dentro del ámbito judicial debido a que vuelve a instalar cuestionamientos sobre la transparencia de los concursos públicos y la supuesta existencia de mecanismos irregulares para beneficiar a determinados aspirantes mediante la manipulación de antecedentes académicos y puntajes.