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El presidente del Colegio de Abogados del Paraguay advirtió que el sistema de puntuación del Consejo de la Magistratura es "perverso" y denunció que la acumulación de títulos y certificados terminó desplazando a la verdadera capacidad profesional.
La nueva crisis que golpea al Consejo de la Magistratura volvió a instalar fuertes sospechas sobre la transparencia del sistema de selección de jueces y fiscales, luego de que el Ministerio Público revelara un esquema de presunta manipulación documental utilizado para aumentar puntajes dentro de concursos públicos.
La investigación apunta a certificados, títulos y constancias académicas presuntamente adulteradas para favorecer a determinados postulantes en procesos de selección para cargos judiciales. Entre los imputados aparecen magistrados, exmagistrados, funcionarios judiciales y operadores vinculados al propio sistema de administración de justicia.
En medio del escándalo, el presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, Jorge Arturo Daniel, lanzó una de las críticas más duras contra el mecanismo de evaluación utilizado por el Consejo de la Magistratura y sostuvo que el problema no es aislado ni reciente, sino consecuencia de un sistema que hace años prioriza la acumulación de títulos por encima de la verdadera preparación jurídica de los postulantes.
"Esto no es nuevo", sostuvo el titular del gremio en entrevista con El Nacional, al afirmar que desde hace tiempo existen denuncias sobre la comercialización irregular de títulos universitarios, maestrías, especializaciones y diplomados que luego son utilizados para escalar dentro del sistema judicial.
Según Daniel, la situación se vuelve todavía más grave cuando esa documentación termina siendo utilizada para acceder a cargos de enorme relevancia dentro de la magistratura, donde se toman decisiones que afectan directamente a toda la ciudadanía.
El abogado calificó como "perverso" el sistema de puntuaciones del Consejo de la Magistratura y cuestionó que actualmente se premie más la cantidad de certificados acumulados que la solvencia profesional, intelectual o ética de los candidatos.
A criterio del presidente del Colegio de Abogados, el esquema vigente permite que quienes presentan más "cartones" terminen obteniendo ventajas competitivas dentro de concursos públicos, aun cuando no necesariamente reflejen una mejor formación jurídica o experiencia profesional.
El cuestionamiento golpea directamente al corazón del modelo de selección judicial paraguayo, donde los antecedentes académicos y cursos de capacitación tienen fuerte incidencia en la construcción de puntajes para integrar ternas.
Daniel sostuvo además que el sistema prácticamente carece de controles reales y eficaces sobre la autenticidad de la documentación presentada por los postulantes, lo que habría facilitado durante años la utilización de certificados presuntamente irregulares sin mayores filtros institucionales.
La denuncia terminó explotando luego de que la Fiscalía imputara a seis personas por producción y uso de documentos no auténticos, entre ellas una jueza penal, un exmagistrado, funcionarios judiciales y operadores vinculados al sistema de concursos.
La hipótesis de los investigadores es que los documentos académicos eran modificados o adulterados para sumar puntos dentro de los procesos de evaluación del Consejo de la Magistratura y mejorar posiciones en las ternas.
El caso generó enorme preocupación dentro del ámbito jurídico debido a que los involucrados no son personas ajenas al sistema, sino actores que ocupaban o aspiraban ocupar cargos de poder dentro de la estructura judicial.
Para Daniel, el escándalo apenas expone una problemática mucho más profunda que arrastra desde hace años el sistema judicial paraguayo. Incluso advirtió que si algún día se revisan seriamente doctorados, maestrías y especializaciones utilizadas dentro de concursos públicos, "las sorpresas podrían ser enormes".
El titular del Colegio de Abogados también recordó que históricamente ya existieron sospechas sobre personas que ejercían la profesión sin una formación legítima y alertó que ahora el foco se traslada a los títulos de posgrado utilizados para construir carreras dentro de la magistratura.
La polémica además vuelve a reactivar el debate sobre la fuerte influencia política dentro del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Aunque este nuevo escándalo está centrado específicamente en la manipulación documental de puntajes, el caso terminó conectándose inevitablemente con cuestionamientos previos sobre el manejo político de ternas judiciales y fiscales.
En las últimas semanas ya existían fuertes críticas contra el Consejo por sospechas de direccionamiento político en determinados concursos y por la percepción de que ciertos perfiles terminan siendo favorecidos dentro del sistema de selección.
Ese clima de desconfianza se profundizó especialmente tras las controversias que rodearon procesos vinculados a fiscales y operadores judiciales cuestionados políticamente, alimentando la percepción de que las ternas no siempre responden exclusivamente a criterios técnicos o meritocráticos.
Daniel incluso había advertido meses atrás que tanto el Consejo de la Magistratura como el Jurado de Enjuiciamiento presentan estructuras "muy frágiles" frente a las presiones políticas y a posibles esquemas de influencia.
El abogado sostiene que la presencia de actores políticos dentro de organismos encargados de seleccionar, confirmar o sancionar magistrados terminó erosionando progresivamente la credibilidad del sistema judicial.
Por ello, insistió en la necesidad de impulsar reformas estructurales profundas para reducir la injerencia política dentro de los órganos extrapoder y fortalecer los mecanismos de control sobre concursos y ternas.
Mientras tanto, el escándalo de los puntajes adulterados ya dejó una señal de alarma dentro del sistema judicial paraguayo: la sospecha de que la manipulación no solamente podría haber afectado casos aislados, sino también la propia construcción de carreras dentro de la Justicia.
