PolíticaArranca auditoría
La Contraloría General de la República inició una auditoría financiera y de cumplimiento al Instituto de Previsión Social (IPS) con foco en el Fondo de Jubilaciones y Pensiones, las inversiones y las contrataciones. La previsional admite que está usando la renta de sus inversiones para pagar jubilaciones y arrastra deudas millonarias con el sector farmacéutico. Jubilados y gremios exigen transparencia y correcciones urgentes.
Una auditoría que va al corazón del sistema
La Contraloría comunicó al presidente del IPS, Jorge Brítez, el inicio de una auditoría que abarca estados financieros, Fondo de Jubilaciones y Pensiones, inversiones, activo fijo, gestión ambiental (residuos hospitalarios) y contrataciones públicas. El plan asigna 31 auditores y ordena entrevistas y verificaciones in situ. La intervención llega tras meses de cuestionamientos al manejo de los fondos y al rendimiento de las inversiones.
El expediente también pone la lupa sobre el fuerte reacomodo de las inversiones: en apenas 20 meses, ueno bank pasó de no administrar recursos del IPS a ubicarse segundo en el ranking con más de G. 2 billones, detrás de Sudameris, en un salto de más de 3.000%. La Contraloría verificará estas colocaciones y los cambios normativos que las habilitaron.
Caja jubilatoria en rojo: rentas para cubrir el bache
La gerencia de Prestaciones Económicas reconoce que, desde 2020, el IPS usa la renta de sus inversiones para cerrar el mes. Hoy, los ingresos por aportes rondan US$ 49 millones, pero los pagos a jubilados y pensionados llegan a unos US$ 53 millones; la diferencia se cubre con las rentas. La propia gerencia advierte que, si no se corrigen desbalances, esa renta podría no alcanzar y se tocaría la reserva, el escenario que todos quieren evitar.
Documentos internos ofrecen magnitudes aún más severas del "bache" mensual: un faltante de hasta G. 238.315 millones, con obligaciones que superan los G. 420.000 millones frente a ingresos que rondan los G. 183.000 millones. Las cifras varían según el corte, pero todas coinciden en lo esencial: la previsional sostiene pagos con intereses de su ahorro, no con flujo genuino.
Deudas que asfixian: la presión del sistema de salud
En paralelo, el Fondo de Salud arrastra un pasivo voluminoso con proveedoras de medicamentos e insumos: más de US$ 320 millones. La deuda total de la institución trepa a US$ 903 millones, mientras que el Estado mantiene con el seguro social un compromiso equivalente a US$ 641 millones. Esto agrega tensión a la caja. El gremio farmacéutico, a su vez, advierte que Salud Pública también mantiene deudas millonarias con el sector.
¿Por qué se adelantó la crisis?
La previsional explica el descalce por varios factores: más beneficiarios, haberes que crecen con el salario mínimo, impacto pospandemia en la base de aportantes y decisiones que elevaron el haber mínimo jubilatorio sin financiamiento. Según la gerencia de Prestaciones Económicas, lo que los estudios situaban para 2038 se adelantó 18 años; desde 2020 se utilizaron más de US$ 150 millones de rentas para sostener pagos.
Exdirigentes y asociaciones de jubilados discuten responsabilidades y reclaman auditoría integral e información precisa sobre el déficit. La controversia escaló al punto de que sectores de pasivos acusan manipulación de cifras y piden controles externos, presión que terminó activando la intervención de la Contraloría.
Medidas en curso: reforma legal, inversiones y "alivios" parciales
El Gobierno promulgó a fines de 2024 una ley que modifica el cálculo del haber jubilatorio (transición hacia 120 meses) e introduce cambios de administración y redistribución de recursos. Entre ellos, la recuperación gradual del 2,5% de aportes que IPS transfería a otras instituciones: 0,5% en 2025; 1% en 2026; 1,5% en 2027, hasta completar el 2,5% en 2028. Para el oficialismo, esto fortalece el Fondo de Salud; críticos piden medir el verdadero impacto actuarial.
En paralelo, el IPS aprobó un Plan Anual de Inversiones 2025 con perfil conservador y límites por emisor y tipo de activo, además de concursos de ofertas para colocaciones de CDA. Sin embargo, la auditoría de la Contraloría testeará si ese marco efectivamente mejora rentabilidad y reduce riesgos de concentración.
Lo que se juega ahora
El diagnóstico es claro: la previsional sostiene obligaciones con intereses de su propio ahorro, mientras crecen deudas y se judicializan reclamos de proveedores. Con la auditoría en curso, se pondrán números y responsabilidades sobre la mesa: desde la razonabilidad de los estados financieros hasta la política de inversiones y las compras. Si el informe confirma desvíos de rentabilidad, concentración o fallas de control, el IPS deberá corregir la brújula de inmediato.
La otra puerta es política y fiscal: ordenar pasivos con proveedores, cobrar las deudas públicas con el IPS y, sobre todo, blindar la Caja para que las jubilaciones se paguen con aportes y no con la renta del ahorro. El margen se achica y la ventana para evitar que la renta deje de alcanzar, también.
