Insta a instituciones del Estado a resolver conflicto de tierras en Ypehú
La Comisión Permanente del Congreso Nacional, presidida por el senador Colym Soroka, aprobó un proyecto de declaración que insta al Ministerio Público, al Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), al Ministerio del Interior y al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) a adoptar medidas urgentes para resolver el conflicto de tierras en la localidad de Ypehú, departamento de Canindeyú.
La iniciativa fue presentada a instancias del diputado Benjamín Cantero, ante la situación de inseguridad jurídica y social generada por la disputa entre la firma Agropecuaria Principado S.A. y la comunidad indígena en formación Tekoha Karapá.
En la exposición de motivos, se recuerda que el pasado 16 de enero legisladores y autoridades del Poder Ejecutivo realizaron una visita técnica a la zona, ocasión en la que se asumieron compromisos institucionales que, hasta el momento, no tuvieron el impulso ni la ejecución operativa necesarios para alcanzar una solución concreta.
Según el documento, esta falta de acción agrava el riesgo de enfrentamientos violentos y desestima los esfuerzos de mediación realizados por el Congreso Nacional.
El texto enfatiza la urgencia de un pronunciamiento formal por parte de la Comisión Permanente y exige a las instituciones involucradas el cumplimiento de sus funciones legales, garantizando tanto el derecho a la propiedad privada como los derechos de los pueblos indígenas, sin mayores dilaciones.
En ese marco, el proyecto de declaración insta a la Fiscalía General del Estado a impulsar con prioridad y objetividad las investigaciones penales vinculadas a las denuncias presentadas en torno al conflicto, de manera a que la acción penal pública contribuya a frenar la comisión de hechos punibles en la zona.
Asimismo, exhorta al INDI a realizar de forma inmediata un censo y un análisis técnico sobre la situación de la comunidad indígena en formación Tekoha Karapá, emitiendo un dictamen jurídico claro que otorgue certeza tanto a los pobladores indígenas como a los propietarios afectados.
Finalmente, el documento insta al Ministerio del Interior, a través de la Policía Nacional, a garantizar efectivamente la seguridad y el respeto a la propiedad privada, colaborando con las autoridades judiciales en el cumplimiento de las órdenes vigentes y protegiendo la integridad de todas las personas involucradas en el conflicto.