La Comisión Permanente aprobó un proyecto de declaración que exige medidas urgentes para atender la disputa entre una empresa agropecuaria y una comunidad indígena en Canindeyú.
El hecho generó conmoción en la comunidad, donde vecinos exigieron mayor presencia policial y cuestionaron la falta de medidas de protección tanto para las personas mayores como para los menores involucrados en hechos de violencia. Los agresores fueron devueltos a sus familiares ya que tienen 10 y 11 años y se rigen por leyes especiales de los indígenas.
