Impunidad máxima: Diputados aceptará reingreso del "vaciador" de Central
El director jurídico y de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados, Dr. Máximo Medina, confirmó este viernes que Miguel Robles podrá solicitar su reincorporación al cargo que ocupa en la institución y que, legalmente, la Cámara no tendrá otra alternativa más que aceptar su retorno, debido a que su condena aún no está firme ni ejecutoriada.
"El funcionario puede solicitar su reintegro, y mientras no haya una condena firme, no se le puede negar", afirmó el asesor jurídico en declaraciones oficiales, aclarando que la Cámara deberá analizar el pedido únicamente desde el aspecto formal, sin margen legal para impedir su regreso.
Robles ya no está preso: recuperó su libertad ambulatoria
Miguel Robles había sido suspendido sin goce de sueldo desde enero de este año, luego de haber sido detenido y recluido en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Sin embargo, este jueves 10 de julio, el Tribunal de Sentencia le concedió el beneficio de la libertad ambulatoria, en virtud del artículo 19 de la Constitución Nacional, que prohíbe la prisión preventiva por más tiempo que el mínimo de la pena impuesta.
La resolución también alcanzó al exgobernador de Central, Hugo Javier González, con quien Robles fue condenado en la misma causa. Ambos fueron sentenciados a 10 años de prisión por el esquema de corrupción que desvió más de G. 5.105 millones de fondos públicos, pero al no contar aún con una condena firme, el tribunal otorgó medidas sustitutivas a la prisión mientras se resuelve la apelación.
El caso: desvío de fondos en plena pandemia
Robles y Hugo Javier fueron hallados culpables como responsables de uno de los casos de corrupción más escandalosos durante la pandemia. Se comprobó en juicio que el dinero desviado —más de G. 5.105 millones— debía destinarse a obras de infraestructura para enfrentar la emergencia sanitaria en el departamento Central, pero terminó canalizado a través de una fundación fachada llamada CIAP, mediante la presentación de documentos y facturas falsas.
El Tribunal de Sentencia determinó que Robles, entonces jefe de gabinete de la gobernación, fue quien articuló el esquema de desvío, simulando la existencia de obras inexistentes. En tanto que Hugo Javier, como gobernador, fue quien firmó las resoluciones y avaló los pagos. Ambos fueron condenados por lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y asociación criminal.
Reingreso posible sin cobro retroactivo
El Dr. Medina aclaró que si Robles desea regresar a su cargo en la Cámara de Diputados, debe presentar una nota formal de solicitud junto con la resolución judicial que autoriza su libertad ambulatoria. La institución analizará el pedido, pero no podrá negarlo, salvo que exista una condena firme.
"Una vez que se levante la suspensión, el funcionario puede retomar sus funciones. Pero no puede reclamar ningún salario retroactivo porque no prestó servicios durante el tiempo que estuvo privado de libertad", señaló el funcionario jurídico.
Sanción administrativa pendiente
Antes de ser detenido, Robles ya había sido objeto de un sumario administrativo por 46 días de ausencias injustificadas durante el 2024. Como resultado de ese sumario, el juez instructor determinó una sanción de 30 días de suspensión sin goce de sueldo, la cual aún no fue aplicada, justamente porque el funcionario estaba suspendido por motivos penales.
De solicitar su reingreso y ser reincorporado, Robles deberá cumplir con esa sanción disciplinaria acumulada, según explicó Medina.
Un retorno legal, pero políticamente incómodo
Aunque la ley ampara el posible reingreso de Robles al Congreso, el caso evidencia las limitaciones del sistema institucional paraguayo, que permite que un funcionario condenado por corrupción —aunque no con sentencia firme— pueda regresar a la administración pública sin que la entidad tenga herramientas legales para impedirlo.
La situación genera malestar social y fuertes críticas, dado que se trata de un caso emblemático de corrupción durante uno de los momentos más críticos de la pandemia, y cuya impunidad podría verse reforzada por la lentitud del proceso judicial. Mientras tanto, la Cámara de Diputados admite que no tiene otra opción más que aceptarlo de vuelta.
