PolíticaDiputados
La iniciativa fue presentada por la diputada Johana Vega, representante de Central por la ANR, quien advirtió sobre la existencia de un vacío normativo desde la promulgación de la actual Constitución en 1992. A pesar de que la Carta Magna reconoce el derecho a la nacionalidad por naturalización, hasta hoy no se ha aprobado una ley que reglamente los procedimientos, requisitos y consecuencias jurídicas de este proceso.
La ausencia de un cuerpo legal específico ha dado lugar a una serie de dificultades, como la incertidumbre jurídica, la aplicación arbitraria de criterios por parte de autoridades administrativas y judiciales, y la incorporación de condiciones no previstas en la Constitución, como exámenes obligatorios o la renuncia a la nacionalidad de origen. Esta situación ha llevado a que los trámites puedan tardar entre tres y cinco años, a pesar de que el texto constitucional solamente exige una residencia efectiva de tres años en el país.
En lugar de una ley, actualmente se aplica una acordada emitida por la Corte Suprema de Justicia en 2007. Esta normativa judicial, según la proyectista, se elaboró sin respaldo legal del Congreso, lo que implica una extralimitación de funciones por parte del Poder Judicial. El proyecto considera que esta práctica vulnera el principio de legalidad y los compromisos internacionales asumidos por el país en materia de derechos humanos.
La propuesta plantea un nuevo procedimiento judicial para adquirir la nacionalidad, que se desarrollará ante los juzgados civiles y comerciales de la capital, con intervención obligatoria del Ministerio Público. Los requisitos se limitan a los contemplados en la Constitución: ser mayor de edad, residir legalmente en Paraguay por al menos tres años, demostrar conducta intachable y tener una ocupación lícita. Uno de los aspectos más novedosos es el reconocimiento explícito del derecho a la doble nacionalidad, eliminando la exigencia de renunciar a la ciudadanía de origen.
La iniciativa también introduce un cronograma procesal para acelerar los trámites: nueve días para que el Ministerio Público se expida, diez días para la fase probatoria en caso de que haya objeciones, y veinte días para la emisión de la sentencia. Asimismo, se establece un proceso detallado para la revocación de la nacionalidad naturalizada, limitado a lo que dispone el artículo 150 de la Constitución.
La diputada Vega indicó que esta reforma no generará un impacto significativo sobre el presupuesto del Estado, ya que será implementada utilizando las estructuras vigentes del sistema judicial y fiscal. Únicamente se requerirán recursos menores para capacitaciones y actualización de sistemas.
Además de agilizar el trámite y mejorar las garantías procesales, se espera que la medida fomente la llegada de personas con formación técnica o profesional, emprendedores e inversores extranjeros interesados en establecerse en el país y contribuir al desarrollo económico y social.
Finalmente, el proyecto contempla disposiciones transitorias para los procesos ya iniciados y exige que la Corte Suprema de Justicia elabore un registro digital de todas las personas naturalizadas desde 1992, el cual deberá ser remitido a la Dirección Nacional de Migraciones. El tratamiento de la propuesta se realizará en comisiones asesoras antes de su eventual paso al pleno de la Cámara de Diputados.
