PolíticaInforme
La iniciativa, impulsada por el diputado Jorge Ávalos Mariño, será analizada por la Cámara Baja y plantea que el beneficio otorgado anteriormente al padre de Rodrigo, Fidelino Quintana, continúe ahora a favor de su viuda, luego del fallecimiento de este último, ocurrido el 23 de mayo de 2026.
De acuerdo con la exposición de motivos, la propuesta busca evitar que la madre del joven quede sin el respaldo económico que el Estado ya había reconocido a la familia como consecuencia del crimen que marcó uno de los episodios más graves de la crisis política paraguaya. El documento sostiene que, tras la muerte de su esposo, Felicita Arrúa enfrenta una situación de mayor vulnerabilidad, agravada por su avanzada edad y por problemas de salud que limitan su capacidad para generar ingresos propios.
La mujer, de 72 años, requiere asistencia para cubrir gastos básicos de alimentación, medicamentos y atención médica, por lo que el proyecto argumenta que corresponde mantener el acompañamiento estatal mediante una pensión graciable.
El caso de Rodrigo Quintana permanece como uno de los hechos más emblemáticos de la crisis desatada durante las protestas contra el intento de habilitar la reelección presidencial mediante una enmienda constitucional en 2017. Aquellas movilizaciones derivaron en violentos enfrentamientos, el incendio parcial del Congreso Nacional y posteriormente en el ingreso de agentes policiales a la sede del PLRA.
Durante ese operativo, Rodrigo Quintana recibió un disparo que acabó con su vida, hecho que provocó una fuerte conmoción política y social y generó cuestionamientos nacionales e internacionales sobre el accionar de las fuerzas de seguridad. Desde entonces, su nombre se convirtió en un símbolo de la defensa de la democracia y de la exigencia de justicia por parte de distintos sectores de la sociedad.
Oriundo de La Colmena, Quintana era estudiante de Ingeniería Agronómica en la Universidad Nihon Gakko y se encontraba en la etapa final de su carrera universitaria, preparando su tesis. Además de su militancia política, era considerado por familiares y allegados como uno de los principales sostenes de su hogar.
A más de nueve años de su muerte, el caso continúa siendo una referencia obligada en el debate sobre la responsabilidad del Estado en los sucesos del denominado 31M. Mientras tanto, la familia mantiene vivo el reclamo de justicia y preserva el legado del joven dirigente liberal, cuya hija, Sol Quintana, también participa activamente en la política partidaria dentro del PLRA.
