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La iniciativa legislativa, impulsada por el diputado Édgar Olmedo (ANR), establece que todas las farmacias habilitadas deberán ofrecer sin costo servicios como la toma de presión arterial, el control de peso, la medición de glucosa en sangre mediante glucómetro y orientación sobre hábitos saludables, como parte de una política de responsabilidad social.
Durante una reunión con la Comisión de Tecnología de la Cámara de Diputados, la Cámara de Farmacias del Paraguay (Cafapar) manifestó su preocupación por el contenido del proyecto y planteó la necesidad de introducir modificaciones antes de avanzar con su estudio.
La presidenta del gremio, Esperanza Garcete, junto con el asesor jurídico Osmar Báez, señalaron que la propuesta, tal como está redactada, impondría nuevas obligaciones operativas y económicas a establecimientos que ya enfrentan importantes desafíos para sostener su funcionamiento.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a que el proyecto exige que estos controles sean realizados por personal capacitado y con equipos adecuados, respetando normas de higiene y bioseguridad. Según Cafapar, cumplir con esas condiciones implicaría contratar profesionales adicionales, como enfermeros u otro personal sanitario, lo que representaría un costo difícil de absorber, especialmente para las pequeñas y medianas farmacias.
Báez explicó que el sector comparte el objetivo de fortalecer la prevención y el acceso a servicios básicos, pero considera que la iniciativa necesita ajustes para evitar trasladar al ámbito privado una obligación que debería ser asumida por el sistema público de salud.
A ello se suma otro inconveniente señalado por el gremio: la disponibilidad limitada de recursos humanos especializados. Recordaron que actualmente incluso hospitales y centros asistenciales enfrentan dificultades para incorporar personal sanitario, por lo que una exigencia de este tipo sería de complicada aplicación.
Desde Cafapar también recordaron que la normativa vigente ya obliga a cada farmacia habilitada a contar con un químico farmacéutico como regente técnico, por lo que sumar nuevas exigencias de personal incrementaría aún más la carga para los establecimientos.
Pese a las objeciones, el gremio aclaró que no rechaza de plano el espíritu del proyecto y expresó su disposición a trabajar junto con los legisladores en una versión que resulte viable. Garcete indicó que numerosas farmacias independientes ya realizan de manera voluntaria algunos controles básicos y colaboran diariamente con la comunidad, especialmente en localidades del interior del país donde muchas veces constituyen el primer punto de consulta para los pacientes.
Asimismo, destacó que las farmacias independientes suelen cubrir necesidades urgentes cuando los hospitales públicos carecen de medicamentos o presentan dificultades para atender a los usuarios, aunque insistió en que esa realidad no puede convertirse en una obligación legal que sustituya las responsabilidades propias del Estado en materia sanitaria.
