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Un grupo de diputados de distintas bancadas presentó un proyecto de ley que busca habilitar al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) a realizar inversiones en instituciones públicas que operan en inmuebles sin título de propiedad regularizado.
El proyecto, titulado "Que faculta al Ministerio de Educación y Ciencias y al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, conjuntamente con otras entidades del Estado, a realizar inversiones en establecimientos educativos y de salud públicos que carezcan de título de propiedad", surge ante una realidad preocupante: al menos 1.400 instituciones educativas funcionan en terrenos sin documentación legal, lo que ha frenado por años cualquier tipo de intervención significativa por parte del Estado.
La situación se replica en el sistema de salud, donde también existen numerosos centros asistenciales operando en terrenos que no fueron formalmente transferidos al Ministerio de Salud. Esto ha generado una parálisis en inversiones clave, como refacciones, ampliaciones, compras de equipos y obras de infraestructura básica. La exposición de motivos del proyecto señala que "es inadmisible que áreas tan sensibles como la salud y la educación, cruciales para el desarrollo de un país, sufran los embates de un Estado incapaz de superar las burocracias autoimpuestas".
La propuesta legislativa contempla que tanto el MEC como el MSPBS elaboren un inventario oficial de los inmuebles ocupados sin título para que puedan ser incluidos como beneficiarios de las inversiones previstas. Las obras podrán abarcar construcciones, refacciones, mejoras, adquisición de equipamientos y otros gastos necesarios para garantizar un funcionamiento adecuado de los servicios.
No obstante, el proyecto deja en claro que esta autorización no convalida la ocupación irregular de los inmuebles ni genera derechos posesorios a favor de terceros. Será responsabilidad de cada ministerio gestionar la regularización legal de los predios ante las instancias correspondientes, especialmente la Escribanía Mayor de Gobierno, que tendrá un rol clave en el proceso de formalización dominial.
Además, el Ministerio de Economía y Finanzas deberá definir los mecanismos contables para registrar las inversiones que se realicen en estos inmuebles, hasta tanto se resuelva la situación jurídica de cada uno.
Los autores del proyecto explican que esta normativa busca remover una de las principales barreras que impiden ejecutar políticas públicas más eficaces en sectores fundamentales como la educación y la salud, especialmente en comunidades vulnerables que dependen exclusivamente del sistema estatal. También se propone complementar lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 7408/2025, correspondiente al Presupuesto General de la Nación, que ya habilita a las entidades estatales a ejecutar acciones conjuntas para prestar servicios públicos.
El proyecto fue firmado por los diputados María Constancia Benítez, María Ida Cattebeke, Miguel Ángel Del Puerto, Raúl Latorre, Carlos María López, Hugo Meza, Carlos Pereira, Alejo Ríos, Rocío Vallejo y María Cristina Villalba, reflejando un respaldo transversal que apunta a garantizar mejores condiciones en áreas críticas del bienestar ciudadano.
